HEPATITIS C, UN MERCADO NO RENTABLE

Los enfermos de Hepatitis C, hartos de la pasividad del gobierno, han decidido pasar a la acción. A pesar de que existe un tratamiento efectivo en un 90% contra la enfermedad (la terapia con el fármaco Sovaldi) financiado públicamente, el gobierno lo administra a muy pocos pacientes, que además, tardan semanas en recibirlo. Esto ha provocado que varios afectados por esta enfermedad que se cobra 12 vidas al día en nuestro país (unas 4.000 en 2013), organizados en la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), se encerraran el pasado 18 de diciembre en el hospital 12 de Octubre de Madrid. Todavía hoy siguen allí.

Se estima que en España hay alrededor de 800.000 afectados por la enfermedad y unos 35.000 cirróticos. La Plataforma de Afectados pide que, al menos, se facilite el tratamiento a los cirróticos, ya que son los pacientes más graves. Se estima que el tratamiento cuesta 25.000 euros, lo que hace pensar que es su coste lo que está provocando su lenta aplicación. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha asegurado, ante la presión de la PLAFHC, que ha financiado 175 tratamientos y que sólo queda presupuesto para otros 200. Cifras no obstante irrisorias al lado de los miles de enfermos que necesitan atención urgente.

Tratar a esos 35.000 pacientes costaría unos 875 millones de euros. Esto puede parecernos una millonada pero, aunque objetivamente es mucho dinero, deberíamos tener en cuenta otros gastos del Estado Español: 1) La indemnización de 1.350 millones a ACS, empresa constructora con sociedades en paraísos fiscales de Florentino Pérez, por el Caso Castor. 2) 11.000 millones que el Estado da a la Iglesia cada año, a la cual, además, perdona el IBI. 3) El rescate a los bancos de unos 100.000 millones. 4) 36.000 millones en intereses de una deuda que en su mayoría no hemos provocado los ciudadanos sino los bancos privados rescatados. 5) Más de 6.000 millones malgastados por las administraciones en obras públicas faraónicas hoy inutilizadas y que se hicieron únicamente para beneficiar a los amigotes del gobierno. Viendo esto, ¿qué son 875 millones cuando se trata, además, de salvar miles de vidas humanas?

Un gobierno que le niega la medicación a los necesitados, causando que 12 de ellos mueran al día, es un gobierno miserable que no está al servicio de los que no pueden pagar un tratamiento de 25.000 euros (la inmensa mayoría de los españoles), sino al servicio de los que sí pueden pagárselo, al servicio, en definitiva, de los poderosos. Si defendiese a la mayoría popular, removería cielo y tierra para obtener esos 875 millones de euros y no habría destinado miles y miles de millones a esos 5 ejemplos que cité anteriormente.

Existe un país, sin embargo, que a pesar de no contar con grandes recursos económicos y tener muchos problemas, ha costeado operaciones por valor de decenas de miles de euros a los ciudadanos que lo han necesitado sin que nadie se haya tenido que encerrar en un hospital a modo de protesta. Un caso es el de una chica de 17 años a la que diagnosticaron ramificaciones vasculares múltiples en el hemisferio derecho del cerebro. Debido a la imposibilidad de tratarla en su país de origen, el gobierno, lejos de dejarla morir, pagó el tratamiento en Europa, los billetes de avión de ella y su madre y todos los gastos. Se invirtieron un total de 26.000 euros. Otro caso es el de un paciente con cáncer de columna, para el que el gobierno lleva invertidos 200.000 euros. Pero hay muchos otros casos de pacientes de este país tratados en todo el mundo.

Qué agradecidos estaríamos los españoles con un gobierno que se preocupase tanto por nosotros, ¿verdad? Pues resulta que para los ciudadanos del país en cuestión, recibir atención médica gratuita sin importar cuánto debe invertir el gobierno es algo normal. ¿Cómo puede un Estado dejar morir a un ciudadano que no puede costearse una operación médica? Es inadmisible.

Por cierto, ese país se llama Cuba.

LA OPERACIÓN PANDORA Y LA LEY MORDAZA, SÍNTOMAS DE LA DESINTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN DEL 78

La madrugada del pasado 16 de diciembre se dio una nueva estocada al movimiento libertario. 450 Mossos de Esquadra se movilizaban en la Operación Pandora, coordinada por la Audiencia Nacional, y asaltaban diversos domicilios y la mítica casa ocupa la Kasa de la Muntanya en Barcelona y otro domicilio en Madrid. El resultado eran 14 detenidos y la confiscación de libros, libretas y aparatos electrónicos. ¿El pretexto? El de siempre: se acusa a los detenidos de pertenecer a una organización terrorista anarquista que, según dicen, ha protagonizado diversos atentados con explosivos en sucursales bancarias (¿?).

Por otro lado, es por todos conocido que en breves entrará en vigor la famosa Ley Mordaza, la cual, pretende sancionar económicamente a quienes, entre otras cosas, graben a la policía, ocupen bancos, intenten parar desahucios o se manifiesten ante el Congreso, Senado o parlamentos autonómicos. Esta reforma del código penal ha levantado grandes críticas pero el PP ha decidido seguir adelante con ella, a pesar de no contar con apoyos de ningún otro partido.

Ambas acciones tienen un mismo propósito: amedrentar a una población cada vez más pobre y desesperada por la crisis que empieza a ver que las cosas no funcionan tan bien como creían o como les habían dicho.

A lo largo de estas últimas tres décadas, la clase dominante ha podido mantenerse más o menos fácilmente en el poder a través de la monarquía, el bipartidismo y demás organismos favorables a sus intereses. No ha necesitado recurrir a otros métodos. Sin embargo, el bipartidismo y las viejas estructuras del Estado empiezan a estar cuestionadas en la actualidad debido a la profunda crisis económica, el empobrecimiento y la pérdida de derechos de la clase trabajadora y otros factores, los cuales han provocado un amplio descontento.

Si la historia nos ha enseñado algo es que cuando la clase dominante ve peligrar su posición y sus privilegios empieza a utilizar métodos más duros para mantenerla. Y dos ejemplos de esto son, a mi parecer, la Ley Mordaza y la Operación Pandora. No obstante, también son muestras de que el régimen del 78 empieza a quedarse obsoleto y que tiene que ser superado. Ya no nos vale. Cada vez más gente lo percibe, lo sabe. La máscara del régimen está empezando a caer y la hegemonía construida por la clase dominante se agrieta poco a poco. Ante esta situación, la clase dominante no puede hacer otra cosa que aferrarse al poder intimidando al pueblo con leyes anticonstitucionales y llamando terroristas a aquellos que se rebelan: los manifestantes y los grupos alternativos y anticapitalistas.

Otra herramienta son los medios controlados por las élites. Estos intentan convencer a la opinión pública de que la represión policial es la única opción. No son pocos los que utilizan desproporcionadamente el término ‘terrorismo’ para justificar los registros y la criminalización de estos grupos alternativos. Su mensaje es claro: hay que detener a los terroristas que atentan contra la democracia. ¿Es que puede decirse democrático un país que viola los derechos humanos de sus ciudadanos y la propia Constitución día tras día mientras hace más ricos a los que más tienen? ¿Quién es el terrorista, el que aprueba leyes y recortes que provocan miseria, marginación y muerte en la sociedad o quien lucha contra el Estado promotor de dichas leyes? Las élites saben que en este momento crítico deben utilizar el discurso del miedo. Es lo único que les queda para aguantar en el poder mientras encuentran una solución.

Esta situación de desmoronamiento de lo viejo ha de ser estudiada por la clase oprimida, la trabajadora, para intentar, de manera organizada, contraatacar y plantar cara a aquellos que no buscan otra cosa que mantenerse en el poder a costa de la explotación, el robo y el sometimiento de los trabajadores. Tarde o temprano, si no se le derriba, el régimen hará su lavado de cara (Pedro Sánchez es la muestra de ello) y la clase opresora conseguirá conservar su posición predominante unos años más, mientras los trabajadores seguimos sufriendo una explotación interminable.


@avelasgar

YO NO ME ALEGRO DE LA MUERTE DE LA DUQUESA DE ALBA

Ha muerto Cayetana de Alba, la aristócrata con más títulos nobiliarios del mundo y poseedora de una fortuna de 2.800 millones de euros, a los 88 años. Este suceso ha propiciado que la inmensa mayoría de medios nos inunden con relatos de lo buena, amable, campechana y gran persona que era la Duquesa de Alba y, por supuesto, nos oculten otras muchas cosas.

¿Qué nos ocultan? Pues por ejemplo que gran parte de las 34.000 hectáreas que posee la familia fueron conseguidas gracias a Franco y mediante el fusilamiento de miles de jornaleros. Durante la II República, debido a lo mal repartida que estaban las tierras cultivables y viendo que las familias aristócratas que las poseían no tenían intención de producir nada en ellas, se expropiaron dichas tierras y fueron entregadas legalmente a los trabajadores para generar centenares de miles de puestos de trabajo y evitar que el pueblo se muriese de hambre (como ocurría desde hacía siglos). Esta reforma agraria duró poco. Cuando estalló la Guerra Civil, la aristocracia recuperó esas tierras asesinando y torturando a los trabajadores. Es necesario decir, además, que la familia de la Duquesa de Alba fue muy cercana al régimen franquista.

Pero hay muchas otras cosas. La familia de la Duquesa recibe varios millones de euros al año de la UE en concepto de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) por el mero hecho de tener tierras (las cuales no producen nada ni generan puestos de trabajo), mientras en nuestro país hay 4,5 millones de parados, muchos de ellos viviendo bajo el umbral de la pobreza y sin subsidio alguno. A estas ayudas hay que sumarle otras a las que pueden optar. Por si fuese poco, se permiten el lujo de llamar vagos a los trabajadores andaluces porque reciben un subsidio ínfimo (PER) tras 35 jornadas de trabajo que únicamente les permite sobrevivir el resto del año.

Además, a pesar de tal patrimonio, la familia de la Duquesa de Alba utiliza su propia Fundación o sociedades patrimoniales para obtener desgravaciones fiscales. De hecho se acaba de revelar que el 90% del patrimonio de la Casa de Alba está exento del pago de impuestos. Además, según denunció el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Duquesa de Alba ha tenido gente trabajando de manera irregular, ha incumplido los convenios con los trabajadores e ingresa millones de euros de forma irregular.

Si partimos de la premisa básica de que la sociedad está dividida en clases sociales (explotadores y explotados) con intereses totalmente contrapuestos (unos pagar menos a sus empleados y otros ganar un sueldo mayor), vemos claramente que la Duquesa de Alba pertenecía a la clase explotadora ya que jamás trabajó, sino que vivió del trabajo de los demás. Eso (el vivir del trabajo de otros) es lo que caracteriza a su clase social. Sin embargo, lo que caracteriza a la clase trabajadora es que necesita emplearse para obtener un salario y así sobrevivir. La Duquesa de Alba pertenecía más concretamente a la clase terrateniente, que se beneficia de sus numerosas tierras, no a la clase capitalista que vive de la plusvalía de sus trabajadores (aunque también lo hacía en parte ya que algunas de sus tierras sí se trabajan). En todo caso, se trata de una clase que domina a la trabajadora.

No obstante, no puedo sentir alegría o alivio por su muerte, al igual que cuando murió Botín. No puedo porque otra persona ocupará su lugar y la explotación de la clase trabajadora continuará hasta que seamos los trabajadores organizados los que acabemos con ella. No puedo porque, a pesar de todo el daño que causó, la Duquesa de Alba murió sin haber pagado por ello. No puedo porque gran parte de la clase trabajadora, en su alienación, sigue creyendo los cuentos de hadas que le cuentan los medios pagados por la clase dominante, lo que le hace creer que el explotador quiere lo mejor para el trabajador. No puedo porque mientras los explotadores son tildados de héroes por los medios al morir, se silencia a los miles de trabajadores que se han suicidado por esta crisis, a los que mueren en accidentes laborales o a los que se les priva de los derechos humanos más básicos.

Tenemos circo para días. Las televisiones del régimen nos dirán que la Duquesa de Alba era muy del pueblo, que era simpática, rebelde y que se preocupaba mucho por Sevilla. Lo repetirán hasta que la mayoría de españoles se hagan la imagen de la Duquesa de Alba que pretende crear la clase dominante y no lo que fue realmente: una enemiga de la clase trabajadora que vivió a base de explotarla.