EL MOMENTO PARA ACABAR CON EL RÉGIMEN DEL 78

El procès alcanzó ayer su punto culminante al proclamar el Parlament la República de Catalunya. Al tiempo que dentro del edificio se cantaba Els Segadors (La CUP con el puño en alto), la multitud congregada afuera estallaba en aplausos de regocijo y lágrimas de emoción. El gobierno de Madrid ya ha puesto en marcha el temible 155 y, al parecer, Soraya Sáez de Santamaría sería la escogida para ocupar el puesto de Puigdemont. Se habla, asimismo, de un gobierno catalán paralelo instalado en la sombra, por lo que es complicado, por todo lo que viene y lo que vendrá, aventurar qué puede llegar a suceder.

Lo que sabemos a ciencia cierta es que se le ha asestado un poderoso golpe al régimen del 78, quizás el más fuerte desde que este fuera implantado. Si alguna vez hubo una posibilidad de que este cayera en favor de algo mejor, es esta. Los medios de comunicación sacan las garras y enseñan los dientes, defendiendo las medidas inquisitoriales puestas en marcha por el gobierno del PP a toda costa, hablando de traición a la Constitución, aduciendo que debe respetarse la legalidad, que debe imponerse la ley. Las oligarquías mueven también ficha, metiendo el miedo en el cuerpo de la gente que teme perder su empleo o sus ahorros, para que antepongan estos a sus principios y sus derechos fundamentales. Las patas que sostienen el régimen actúan como un animal acorralado y temeroso que ve abrirse una tímida posibilidad de perder su poder de dominación, aunque este poder es todavía muy elevado. Todavía no se ha conseguido nada. Sin embargo, ha llegado el momento de que los demás pueblos del Estado español salgan, no solo a defender la República catalana por solidaridad democrática, sino a reclamar la República española; es el momento de salir a defender la democracia, a asestar el golpe de gracia al régimen que es hoy más débil que nunca.

Desde los organismos mediáticos a sueldo del poder se habla de que debe imponerse la ley. Pero yo me pregunto cómo puede imponerse una ley injusta y pretender que se obedezca para siempre. Claro que hay que cumplir las leyes, pero estas, para que se cumplan, deben ser legítimas, deben representar a la sociedad, no someterla ni humillarla. Una ley injusta no puede imponerse a alguien que ha decidido rebelarse contra ella porque lo hará de nuevo, y todavía menos puede imponerse una ley injusta a millones de personas que se manifiestan pacíficamente y que lo único que quieren es votar. Los independentistas, como bien dijo Albano Fachín en el Parlament, no van a desaparecer porque Rajoy aplique el 155. La realidad catalana es la que es, y no se solucionará imponiendo nada, sino de otra forma.

Otra muletilla que sueltan día tras día, a todas horas, es la de que hay que respetar la legalidad. Esto no tiene porqué ser falso, como dije antes, si la legalidad es respetable. Sin embargo, ¿de qué legalidad hablan? ¿Esa que permite decenas de desahucios cada día, algunos de los cuales terminan en suicidio? ¿Esa que permite que los bancos nos roben 40.000 millones de euros con total impunidad después de que nos prometieran que nos los devolverían? ¿Esa que permite gobernar al partido más corrupto de Europa, con casi 1000 imputados a sus espaldas, y cuya corrupción nos cuesta miles y miles de millones de euros al año? ¿Esa que expulsa a los jóvenes porque es incapaz de darles un trabajo digno? ¿La legalidad de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales? ¿La legalidad de los pobres cada vez más pobres y los más ricos cada vez más ricos? ¿Esa que nombra jefe de Estado a un monarca que da lecciones de democracia sin haber sido votado por nadie? El pueblo no debería respetar una legalidad que lo que hace es ponerle una soga al cuello durante todos los días de su vida, y, con humildad, muchos catalanes ya hemos dicho basta.

También se dice que Puigdemont ha traicionado la Constitución. ¿Pero acaso le debemos lealtad a un papelucho que fue firmado por unos pocos señores bajo la mirada de unos militares siniestros que amenazaban con imponer de nuevo una dictadura si no se aceptaba? ¿Qué clase de país puede asentarse sobre semejantes y grotescos cimientos? Ni el pueblo catalán, ni el vasco, ni el español ni ninguno le debe lealtad a semejante aberración. Esa Constitución solo ha servido para que los que secuestraron, torturaron, condenaron y asesinaron durante en el franquismo gozaran de impunidad a partir de 1978, ha servido para convertir al histórico PCE en un partido residual, para que las mismas estructuras sigan funcionando del mismo modo que hace 80 años, beneficiando a las mismas élites políticas y económicas. Pero ya basta de sumisión. Esa Constitución pudo servir en el contexto histórico de la transición, pero han pasado décadas desde entonces y se nos queda pequeña. Es hora de evolucionar.

Lo que más me entristece es la actitud que estoy viendo en el seno de la (verdadera) izquierda española, esa izquierda que lleva 40 años intentando derribar el régimen que hoy se lame las heridas gracias al independentismo catalán. En lugar de celebrar este logro histórico y aprovechar el tirón para empujarlo con nosotros hasta el abismo, se llevan las manos a la cabeza y se ponen del lado de la “legalidad”. ¿Acaso los partidos independentistas no llevan años pidiendo un referéndum, ante el ninguneo de Madrid? ¿Acaso lo que le hicieron al Estatut votado por los catalanes no fue simple y llanamente para humillarnos? ¿Qué debemos hacer, esperar a que se haga la revolución en España? Lo siento pero, echando un vistazo a las cifras y al contexto histórico en el que estamos, eso no va a suceder ni a corto ni a medio plazo.

Los marxistas deben basar sus análisis en la realidad material, no en los castillos de aire levantados sobre sus ideas acerca de cómo les gustaría que fuera el mundo. La realidad es que España no va a permitir un referéndum pactado, no se va a echar a Rajoy del gobierno ni el proyecto que plantea la izquierda es viable. Ahí están los números. Puede consultarse el mapa de las últimas elecciones, donde, con la excepción de Catalunya, Euskadi y 2 provincias andaluzas, lo que había era una masa desoladora de azul. Esa izquierda debería estar celebrando el golpe que se le está asestando al régimen que dicen combatir porque abre una pequeña rendija por la que pueden colarse y llevar a cabo su proyecto republicano y democrático, en lugar de escandalizarse y equiparar bandos como igualmente responsables de lo que está sucediendo, cuando eso no es cierto.

Las masas han salido a la calle en Catalunya para reclamar su futuro, porque nos hemos cansado de pedirle permiso a un muro, ¿harán lo mismo en el resto de España o se apoyarán las actuaciones totalitarias del gobierno central? Lo sabremos muy pronto.

COSAS QUE PUEDES HACER EN LA DICTADURA VENEZOLANA PERO NO EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Decía Eduardo Galeano que en el gran teatro del bien y del mal, configurado por los medios de comunicación, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios y que Hugo Chávez (y por extensión todo lo que huele a chavismo) era uno de los principales demonios, un dictador.

Los grandes medios de masas españoles siempre han reproducido el mensaje de que la Venezuela chavista es una brutal y despiadada dictadura. Por si fuera poco, desde la irrupción de Podemos en el panorama político, el miedo de muchos a perder su poltrona ha provocado que la intensidad y frecuencia de dicho mensaje no hayan dejado de aumentar. Raro es el día que no oímos hablar de Venezuela en las noticias o en las mal llamadas tertulias políticas.

Sin embargo, existen una serie de cosas que los ciudadanos venezolanos pueden hacer a pesar de vivir bajo el yugo de una supuesta dictadura, y que los españoles no podemos, aún viviendo en una democracia avanzada, como la llaman algunos.

1) Revocar un cargo público, incluido el presidente del gobierno. Esta posibilidad se incluyó cuando Chávez llegó al poder tras aprobarse mediante un referéndum popular. El artículo 72 de la Constitución venezolana establece la posibilidad de echar a cualquier cargo del Gobierno una vez transcurrido la mitad de su mandato si el pueblo lo aprueba en un referéndum. ¿Os imagináis que en España se pudiese convocar una votación para decidir si Rajoy debe seguir como presidente o no? Pues nuestra democracia no lo contempla. Qué cosas.

De hecho, en 2004, la oposición venezolana utilizó esta herramienta para intentar echar a Chávez pero perdió la votación (el 58% quiso que Chávez siguiera como presidente). Esta posibilidad de revocar al presidente, además de las 18 elecciones que ha ganado el chavismo en los últimos años, hace que la oposición, que siempre clama que el pueblo venezolano está harto del chavismo, no tenga credibilidad alguna.

2) Convocar un referéndum vinculante. En Venezuela, a pesar de la supuesta dictadura imperante, existen varios tipos de referéndum que el ciudadano puede convocar si consigue un mínimo de firmas estipulado (10% de electores/as inscritos/as en el registro civil y electoral para el referéndum consultivo; el 20% para el revocatorio, etc). Además, los resultados de estos referéndums, exceptuando el consultivo, además de las Iniciativas Legislativas y demás mecanismos, son de carácter vinculante. Esto significa que si se aprueba cambiar o quitar una ley mediante referéndum, el gobierno no puede negarse a hacerlo aunque esté en contra. Debe cumplir porque el pueblo así lo decidió democráticamente. Por ejemplo, en 2007, el gobierno quiso introducir cambios en la Constitución, estos se sometieron a un referéndum y ganó, por muy poco, el no, por lo que el gobierno de Chávez tuvo que echarse atrás y no llevar a cabo dichas reformas. ¿Qué dictadura hubiese obrado de tal manera? ¿Cuándo nos han consultado en España sobre las reformas de la Constitución?

Desde que Chávez llegara al poder (1999) se han celebrado seis referéndums (el constituyente de 1999, los constitucionales de 1999, 2007 y 2009 o el revocatorio convocado por la oposición de 2004 entre otros). Además, el chavismo ganó 17 de los 18 procesos electorales realizados durante los últimos 15 años, todos ellos bajo la supervisión de organismos internacionales como la ONU y de diversas personalidades. El propio Jimmy Carter, ex presidente de EEUU (poco sospechoso de apoyar al chavismo), expresó, tras ser observador internacional en unas elecciones, que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo.

En España, sin embargo, no es tan fácil celebrar un referéndum. Para empezar, el pueblo no puede convocarlo, sólo puede hacerlo el Presidente del Gobierno. Además, no son vinculantes. Por otro lado, tenemos la figura de la Iniciativa Legislativa Popular, que pueden iniciarla los ciudadanos si recogen un número determinado de firmas en un tiempo concreto. El problema es que, tras la recogida de firmas, el Parlamento puede decidir no tramitarla o cambiar dicha ILP a su antojo. Esto le sucedió a la PAH con la ILP en la que pedían la dación en pago. Tras su paso por el Parlamento,  esta quedó tan desvirtuada que la propia PAH decidió retirarla. 

Esto significa que los ciudadanos no tenemos poder para participar en la vida política cotidiana de nuestro país, algo profundamente antidemocrático. Lo único que podemos hacer es votar una vez cada cuatro años a nuestros representantes para que después hagan lo que quieran ya que ni siquiera tienen la obligación de cumplir sus programas electorales. Desde la entrada de la democracia en 1978 sólo se han celebrado tres referéndums: para ratificar la actual Constitución, para entrar en la OTAN y sobre la Constitución Europea.

3) Llamar a un golpe de estado o a matar al presidente en los medios de comunicación. Imaginemos por un momento que un grupo de militares y empresarios diesen un golpe de estado en España, secuestrando al presidente y disolviendo el Congreso y las demás instituciones democráticas. Imaginemos que una serie de medios apoyasen a esos golpistas pero que, al día siguiente, decenas de miles de ciudadanos rodearan el lugar en el que se encuentran los golpistas, obligándolos a escapar en helicóptero y a liberar al presidente electo. ¿Qué les sucedería a los dueños de los medios que apoyaron a los golpistas una vez abortado el golpe de estado? En España serían juzgados y enviados a prisión, en EEUU sentenciados a muerte y todo el mundo lo aceptaría debido a la gravedad de los delitos.

Pues esa historia aparentemente inventada sucedió en el año 2002 en Venezuela. ¿Qué les pasó a los dueños de esos medios? Nada. Nunca fueron encausados ni juzgados por cooperar con los golpistas. El caso de la cadena RCTV fue muy polémico años después, especialmente por la manipulación del caso por parte de los medios españoles. Esta cadena apoyó a los golpistas en 2002 y no fue sancionada ni clausurada en aquel momento. Lo que hizo el gobierno fue no renovar la licencia de la cadena para seguir utilizando el espacio del espectro electromagnético, el cual es de propiedad pública. No cerró la emisora, como dijeron los medios españoles, de hecho esta sigue existiendo hoy, pero emite en canales de pago. La licencia de RCTV caducó en 2007, lo que significa que un canal que apoyó un golpe de estado pudo seguir emitiendo en una frecuencia pública tranquilamente durante cinco años, algo impensable en cualquier otro país. 

Pero los medios opositores venezolanos, los cuales son mayoría a pesar de lo que se suele decir, van más allá. Decía Jorge Verstrynge en Intereconomía que en el tiempo que él estuvo en Venezuela detectó 12 llamamientos al magnicidio contra Chávez en los medios y que nunca fueron encausados por nada. ¿Os imagináis qué le sucedería a los dueños de un medio de comunicación español que llamara a asesinar a Rajoy o al rey y a dar un golpe de estado? Recordemos que en nuestro país, unos jóvenes fueron multados por componer una canción cuya letra era ofensiva para el rey, se han detenido a tuiteros por mucho menos y algunos medios han denunciado presiones del gobierno para no inviten a ciertos partidos políticos a sus programas. Además, algunas reformas de Rajoy están siendo vistas como un recorte de las libertades democráticas básicas por organismos internacionales.

Por otro lado, es obvio que Venezuela tiene muchos problemas y ha de mejorar en muchos aspectos, como todos los países del mundo. No pretendo ensalzar a Venezuela como el país perfecto, simplemente porque ese país no existe. Tampoco creo que España pueda dar lecciones de democracia, después de los ejemplos citados. Lo único que pretendo poner de manifiesto es que es necesario que nos demos cuenta de que la información que aparece en televisión ha pasado por un filtro ideológico concreto, que no se trata de información objetiva. Esta siempre tiene un interés detrás, el interés del dueño del medio de comunicación, normalmente contrarios a los de la mayoría popular. Por eso los medios nunca hablan de cómo la pobreza hoy en Venezuela se ha reducido a niveles nunca vistos o de la sanidad, viviendas y educación gratuitas que hoy tienen millones de personas gracias a Chávez. Sólo hablan de corrupción e inflación, elementos que ya existían incluso en mayor grado en los gobiernos anteriores a Chávez, o de represión policial, mientras obvian casos como el Caracazo, donde la policía al servicio del entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, favorable a EEUU, asesinó, según la versión oficial, a más de 300 personas, aunque otras versiones hablan de entre 2.000 y 3.000 asesinados.

Si olvidamos que los medios tienen dueños con intereses concretos, corremos el riesgo de acabar poniéndonos de parte del opresor y culpando a los oprimidos o, en este caso, llamar dictadura a países con mecanismos democráticos con los que nuestro país no cuenta.



Toni Velasco (@avelasgar)

CUANDO LA DICTADURA ESTÁ JUSTIFICADA

Ha muerto Abdalá bin Addelazis, rey de Arabia Saudita, a la edad de 90 años. Los medios se han hecho eco de la noticia pero, una vez más, algunos de ellos nos muestran la realidad distorsionada.

Antena 3 y Telecinco narraban la muerte del monarca prescindiendo de términos como “dictador” o “régimen”, los cuales emplean a menudo cuando hablan de ciertos países latinoamericanos. Únicamente Telecinco decía casi de pasada que Arabia Saudita acumula muchas violaciones de DDHH, mientras resaltaba que el monarca, en sus visitas a Marbella, gastaba mucho dinero en las tiendas y que todos allí desean que su sucesor haga lo mismo. La Sexta ni siquiera ha informado del suceso en su edición de noticias del medio día. El País, por su parte, hablaba de un rey absoluto pero con “tintes reformistas”. En las versiones escritas de La Sexta o Telecinco no se avista crítica alguna a la situación de Arabia.

Arabia Saudita es una monarquía absoluta. Esto significa que el monarca tiene poderes totales y que, por lo tanto, no existe la división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial vigente en España, por ejemplo (división que tampoco garantiza, por supuesto, que exista una democracia de calidad). El monarca puede, pues, cambiar las decisiones judiciales o reformar las leyes a su voluntad, por ejemplo. En resumidas cuentas: Arabia Saudita es una dictadura con todas las letras. Tanto, que el nuevo monarca absoluto será el hermano del fallecido sin urnas que valgan.

Por otra parte están las continuas violaciones de los DDHH. Algunos ejemplos son la condena de 10 años de cárcel y 1.000 latigazos al ciudadano Raif Badawi por crear una página web de debate político y religioso. La decapitación en 2013 de unas 60 personas y en 2014 a 87. Por si fuese poco, en ocasiones los cuerpos son exhibidos tras la ejecución (Arabia Saudita es el único país del mundo en el que esto sucede). Por otro lado tenemos la discriminación que sufren las mujeres, las cuales no pueden ser parlamentarias, conducir su propio vehículo, viajar solas, hacer trabajos remunerados, etc. En Enero de 2014, además, se aprobó una ley “antiterrorista” para criminalizar la libertad de expresión, reunión y asociación. Se cree también que miles de personas han sido víctimas de juicios injustos y detenciones arbitrarias, según las organizaciones de DDHH. Además, mientras la élite saudí vive en la opulencia, gran parte de la población está desempleada y la tasa de pobreza es la más alta de la región (uno de cada tres saudíes es pobre), a pesar de que el país contiene un quinto de las reservas mundiales de petroleo aproximadamente.

Conociendo ahora algo mejor la realidad saudita, ¿por qué los medios, al morir el monarca, no nos han informado más exhaustivamente de todo esto? La respuesta está en las magníficas relaciones que mantiene el país árabe con EEUU, España y occidente en general.

Centrémonos en España. Varias empresas multinacionales españolas participaron en la construcción del AVE de Arabia Saudita (OHL, Sacyr, Copasa, Dimetronic, Inabensa, Cobra, Indra, Imathia, Ineco, etc). La compañía de Esther Koplowitz, FCC, fue seleccionada para construir el metro de Riad, la capital de Arabia Saudita. Otro gran empresario que ha hecho grandes tratos con el fallecido monarca saudí es Florentino Pérez. Su empresa, ACS, fue seleccionada para construir 11 estadios en el país árabe por 2.000 millones y para realizar 2 proyectos industriales por 650 millones, entre otros proyectos.

En resumidas cuentas, los medios de comunicación no critican demasiado al gobierno saudí, aunque se trate de una feroz dictadura, porque éste ha proporcionado suculentos contratos a grandes empresarios españoles que, al final, dirigen gran parte de estos medios de comunicación. ¿Cómo va, por ejemplo, La Sexta a hablar mal del país si los dueños de FCC y Ferrovial, entre otras, poseen un porcentaje de la cadena? No les interesa que se hable de ciertas cosas, por muy graves que sean. Nos cuentan, sin embargo, cosas como que esos proyectos serán buenos para España, aunque esas empresas tributen en paraísos fiscales, lo que acaba generando recortes para los ciudadanos; que generan empleo, aunque sea empleo esclavo en parte, cosa que también ocultan; que benefician a la Marca España, cosa también falsa, únicamente benefician al empresario que se forra con la obra, etc.

Nos encontramos entonces ante una dictadura justificada. Justificada porque genera enormes beneficios a la élite, la minoría que compra gobiernos (a cambio de sobres o cargos en sus empresas) para que haga las leyes a su favor y pueda ahorrarse miles de millones en impuestos, por ejemplo. ¿Y cómo logran mantenerse en su posición? Entre otras cosas, gracias a los medios de comunicación, que utilizan para inculcar su ideología al resto del mundo con mentiras o verdades a medias. Es por eso que, por ejemplo, la mayoría de gente cree que Venezuela es una dictadura atroz, a pesar de que cuenta con leyes y mecanismos más democráticos que España (como la revocación de los cargos públicos o las comunas) y un sistema electoral electrónico infalible validado por el mundo entero, y apenas conoce la trágica realidad de países amigos de Occidente como Arabia Saudita.

El difunto rey de Arabia Saudita era un tirano al que la vida de su pueblo no le importaba nada, ya que lo ha mantenido durante años en la pobreza más absoluta y sin libertad alguna. Sin embargo, los medios españoles han preferido centrarse en sus viajes a España y decir que gastaba mucho dinero en joyas. En nosotros está el empezar a ser más críticos con los medios de comunicación, ya que, como todo en este sistema, están pensados con un fin: generar beneficios a sus dueños, aunque sea a través del engaño.

Toni Velasco (@avelasgar)

LA OPERACIÓN PANDORA Y LA LEY MORDAZA, SÍNTOMAS DE LA DESINTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN DEL 78

La madrugada del pasado 16 de diciembre se dio una nueva estocada al movimiento libertario. 450 Mossos de Esquadra se movilizaban en la Operación Pandora, coordinada por la Audiencia Nacional, y asaltaban diversos domicilios y la mítica casa ocupa la Kasa de la Muntanya en Barcelona y otro domicilio en Madrid. El resultado eran 14 detenidos y la confiscación de libros, libretas y aparatos electrónicos. ¿El pretexto? El de siempre: se acusa a los detenidos de pertenecer a una organización terrorista anarquista que, según dicen, ha protagonizado diversos atentados con explosivos en sucursales bancarias (¿?).

Por otro lado, es por todos conocido que en breves entrará en vigor la famosa Ley Mordaza, la cual, pretende sancionar económicamente a quienes, entre otras cosas, graben a la policía, ocupen bancos, intenten parar desahucios o se manifiesten ante el Congreso, Senado o parlamentos autonómicos. Esta reforma del código penal ha levantado grandes críticas pero el PP ha decidido seguir adelante con ella, a pesar de no contar con apoyos de ningún otro partido.

Ambas acciones tienen un mismo propósito: amedrentar a una población cada vez más pobre y desesperada por la crisis que empieza a ver que las cosas no funcionan tan bien como creían o como les habían dicho.

A lo largo de estas últimas tres décadas, la clase dominante ha podido mantenerse más o menos fácilmente en el poder a través de la monarquía, el bipartidismo y demás organismos favorables a sus intereses. No ha necesitado recurrir a otros métodos. Sin embargo, el bipartidismo y las viejas estructuras del Estado empiezan a estar cuestionadas en la actualidad debido a la profunda crisis económica, el empobrecimiento y la pérdida de derechos de la clase trabajadora y otros factores, los cuales han provocado un amplio descontento.

Si la historia nos ha enseñado algo es que cuando la clase dominante ve peligrar su posición y sus privilegios empieza a utilizar métodos más duros para mantenerla. Y dos ejemplos de esto son, a mi parecer, la Ley Mordaza y la Operación Pandora. No obstante, también son muestras de que el régimen del 78 empieza a quedarse obsoleto y que tiene que ser superado. Ya no nos vale. Cada vez más gente lo percibe, lo sabe. La máscara del régimen está empezando a caer y la hegemonía construida por la clase dominante se agrieta poco a poco. Ante esta situación, la clase dominante no puede hacer otra cosa que aferrarse al poder intimidando al pueblo con leyes anticonstitucionales y llamando terroristas a aquellos que se rebelan: los manifestantes y los grupos alternativos y anticapitalistas.

Otra herramienta son los medios controlados por las élites. Estos intentan convencer a la opinión pública de que la represión policial es la única opción. No son pocos los que utilizan desproporcionadamente el término ‘terrorismo’ para justificar los registros y la criminalización de estos grupos alternativos. Su mensaje es claro: hay que detener a los terroristas que atentan contra la democracia. ¿Es que puede decirse democrático un país que viola los derechos humanos de sus ciudadanos y la propia Constitución día tras día mientras hace más ricos a los que más tienen? ¿Quién es el terrorista, el que aprueba leyes y recortes que provocan miseria, marginación y muerte en la sociedad o quien lucha contra el Estado promotor de dichas leyes? Las élites saben que en este momento crítico deben utilizar el discurso del miedo. Es lo único que les queda para aguantar en el poder mientras encuentran una solución.

Esta situación de desmoronamiento de lo viejo ha de ser estudiada por la clase oprimida, la trabajadora, para intentar, de manera organizada, contraatacar y plantar cara a aquellos que no buscan otra cosa que mantenerse en el poder a costa de la explotación, el robo y el sometimiento de los trabajadores. Tarde o temprano, si no se le derriba, el régimen hará su lavado de cara (Pedro Sánchez es la muestra de ello) y la clase opresora conseguirá conservar su posición predominante unos años más, mientras los trabajadores seguimos sufriendo una explotación interminable.


@avelasgar