CUANDO LA DICTADURA ESTÁ JUSTIFICADA

Ha muerto Abdalá bin Addelazis, rey de Arabia Saudita, a la edad de 90 años. Los medios se han hecho eco de la noticia pero, una vez más, algunos de ellos nos muestran la realidad distorsionada.

Antena 3 y Telecinco narraban la muerte del monarca prescindiendo de términos como “dictador” o “régimen”, los cuales emplean a menudo cuando hablan de ciertos países latinoamericanos. Únicamente Telecinco decía casi de pasada que Arabia Saudita acumula muchas violaciones de DDHH, mientras resaltaba que el monarca, en sus visitas a Marbella, gastaba mucho dinero en las tiendas y que todos allí desean que su sucesor haga lo mismo. La Sexta ni siquiera ha informado del suceso en su edición de noticias del medio día. El País, por su parte, hablaba de un rey absoluto pero con “tintes reformistas”. En las versiones escritas de La Sexta o Telecinco no se avista crítica alguna a la situación de Arabia.

Arabia Saudita es una monarquía absoluta. Esto significa que el monarca tiene poderes totales y que, por lo tanto, no existe la división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial vigente en España, por ejemplo (división que tampoco garantiza, por supuesto, que exista una democracia de calidad). El monarca puede, pues, cambiar las decisiones judiciales o reformar las leyes a su voluntad, por ejemplo. En resumidas cuentas: Arabia Saudita es una dictadura con todas las letras. Tanto, que el nuevo monarca absoluto será el hermano del fallecido sin urnas que valgan.

Por otra parte están las continuas violaciones de los DDHH. Algunos ejemplos son la condena de 10 años de cárcel y 1.000 latigazos al ciudadano Raif Badawi por crear una página web de debate político y religioso. La decapitación en 2013 de unas 60 personas y en 2014 a 87. Por si fuese poco, en ocasiones los cuerpos son exhibidos tras la ejecución (Arabia Saudita es el único país del mundo en el que esto sucede). Por otro lado tenemos la discriminación que sufren las mujeres, las cuales no pueden ser parlamentarias, conducir su propio vehículo, viajar solas, hacer trabajos remunerados, etc. En Enero de 2014, además, se aprobó una ley “antiterrorista” para criminalizar la libertad de expresión, reunión y asociación. Se cree también que miles de personas han sido víctimas de juicios injustos y detenciones arbitrarias, según las organizaciones de DDHH. Además, mientras la élite saudí vive en la opulencia, gran parte de la población está desempleada y la tasa de pobreza es la más alta de la región (uno de cada tres saudíes es pobre), a pesar de que el país contiene un quinto de las reservas mundiales de petroleo aproximadamente.

Conociendo ahora algo mejor la realidad saudita, ¿por qué los medios, al morir el monarca, no nos han informado más exhaustivamente de todo esto? La respuesta está en las magníficas relaciones que mantiene el país árabe con EEUU, España y occidente en general.

Centrémonos en España. Varias empresas multinacionales españolas participaron en la construcción del AVE de Arabia Saudita (OHL, Sacyr, Copasa, Dimetronic, Inabensa, Cobra, Indra, Imathia, Ineco, etc). La compañía de Esther Koplowitz, FCC, fue seleccionada para construir el metro de Riad, la capital de Arabia Saudita. Otro gran empresario que ha hecho grandes tratos con el fallecido monarca saudí es Florentino Pérez. Su empresa, ACS, fue seleccionada para construir 11 estadios en el país árabe por 2.000 millones y para realizar 2 proyectos industriales por 650 millones, entre otros proyectos.

En resumidas cuentas, los medios de comunicación no critican demasiado al gobierno saudí, aunque se trate de una feroz dictadura, porque éste ha proporcionado suculentos contratos a grandes empresarios españoles que, al final, dirigen gran parte de estos medios de comunicación. ¿Cómo va, por ejemplo, La Sexta a hablar mal del país si los dueños de FCC y Ferrovial, entre otras, poseen un porcentaje de la cadena? No les interesa que se hable de ciertas cosas, por muy graves que sean. Nos cuentan, sin embargo, cosas como que esos proyectos serán buenos para España, aunque esas empresas tributen en paraísos fiscales, lo que acaba generando recortes para los ciudadanos; que generan empleo, aunque sea empleo esclavo en parte, cosa que también ocultan; que benefician a la Marca España, cosa también falsa, únicamente benefician al empresario que se forra con la obra, etc.

Nos encontramos entonces ante una dictadura justificada. Justificada porque genera enormes beneficios a la élite, la minoría que compra gobiernos (a cambio de sobres o cargos en sus empresas) para que haga las leyes a su favor y pueda ahorrarse miles de millones en impuestos, por ejemplo. ¿Y cómo logran mantenerse en su posición? Entre otras cosas, gracias a los medios de comunicación, que utilizan para inculcar su ideología al resto del mundo con mentiras o verdades a medias. Es por eso que, por ejemplo, la mayoría de gente cree que Venezuela es una dictadura atroz, a pesar de que cuenta con leyes y mecanismos más democráticos que España (como la revocación de los cargos públicos o las comunas) y un sistema electoral electrónico infalible validado por el mundo entero, y apenas conoce la trágica realidad de países amigos de Occidente como Arabia Saudita.

El difunto rey de Arabia Saudita era un tirano al que la vida de su pueblo no le importaba nada, ya que lo ha mantenido durante años en la pobreza más absoluta y sin libertad alguna. Sin embargo, los medios españoles han preferido centrarse en sus viajes a España y decir que gastaba mucho dinero en joyas. En nosotros está el empezar a ser más críticos con los medios de comunicación, ya que, como todo en este sistema, están pensados con un fin: generar beneficios a sus dueños, aunque sea a través del engaño.

Toni Velasco (@avelasgar)

LA JUSTICIA SELECTIVA ESPAÑOLA, MUESTRA DE UN SISTEMA FALLIDO

La sociedad catalana y española está asistiendo a una serie de resoluciones judiciales algo inesperadas, por decirlo suavemente:

1) El archivo del caso contra Esperanza Aguirre tras lesionar a un agente de movilidad y arrollar su moto al fugarse de estos, quienes la habían multado por estacionar en un carril bus. El juez consideró que "no está acreditada la desobediencia y las lesiones denunciadas" y que la “solución no puede ser otra que el sobreseimiento, pues la denuncia ha sido rebatida por la denunciada, existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias hacia la credibilidad de estos”. En otras palabras, la versión de los agentes de movilidad era menos creíble que la de Aguirre, a pesar de que había un gran número de viandantes que vieron cómo Aguirre arrollaba la moto y se fugaba.

2) El caso 4F, relatado exhaustivamente en la película-reportaje Ciutat Morta, estrenada en la televisión pública catalana (con 5 minutos de censura) el pasado 17 de enero. El reportaje explicaba como, tras el lanzamiento de un tiesto que dejó en estado vegetativo a un policía en Barcelona, se acusó a una serie de jóvenes, varios de los cuales fueron brutalmente torturados, vejados y encarcelados durante años. Esto provocó, además, el suicidio de Patricia Heras, una chica a la cual detuvieron únicamente por su estética, ya que ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos. La única prueba expuesta en el caso fue la versión de unos policías (los cuales serían condenados por inventarse pruebas y torturar a otros detenidos en otro caso), la cual queda desmontada en el reportaje. La película pone hincapié en la complicidad de absolutamente todos los elementos del supuesto Estado de Derecho: la juez (quien desestimó todas las pruebas de la defensa y trató a los arrestados como culpables desde el primer momento), la Fiscalía, la Audiencia Provincial, la policía, altos cargos políticos, funcionarios y muchos medios de comunicación. Todos pusieron de su parte para culpar a esos jóvenes aún sabiendo que no fueron ellos. Necesitaban encontrar culpables, aunque no lo fuesen, para cerrar el caso y hacer creer a la población que el sistema funciona. Este caso recuerda a la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, cuando la policía pierde la pista del disidente que se niega a quemar libros como dicta la ley y decide detener a un ciudadano corriente, echándole la culpa de todo con un montaje policial espectacular que toda la ciudadanía ve por televisión. Una vez atrapado el culpable, aunque se trata de un inocente, la población cree que el sistema ha logrado resolver el problema y sigue confiando él.

3) El caso de Alfonso Pérez, Alfon, el joven madrileño condenado a 4 años de prisión por portar explosivos en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Alfon se defendió aduciendo que ni él ni sus acompañantes portaban ninguna bolsa y explicó que fueron los policías quienes exhibieron una mochila en el momento de la detención. El abogado de Alfon relataba, tras salir del juzgado: “Ha quedado acreditado que (Alfon) es inocente porque hay unas contradicciones manifiestas, sobretodo con el tema de la cadena de custodia del supuesto artefacto explosivo: quién lo ha cogido, cómo se ha llevado a analizar... No coincide el grupo de policías que recepciona el artefacto con el que se lo remite a los TEDAX (especialistas en desactivación de explosivos), no coincide el número de atestado, no coinciden los instructores ni los secretarios, no coincide el número de la brigada, no coincide la descripción del supuesto artefacto en una comparecencia y en otra. Son unas contradicciones tan grandes que rompen la cadena de custodia. Incluso sin llegar a discutir que Alfonso no llevaba el objeto, que lo hemos dicho desde el principio, entendemos que debe ser una condena absolutoria. [...] Se pidió un estudio holofoscópico de las huellas y curiosamente no hay ninguna huella de Alfonso (en el artefacto) pero sí que hay cuatro resultados positivos de huellas pero no se han investigado.”. ¿Se puede condenar a alguien habiendo todas estas irregularidades? ¿De quién son esas huellas y por qué no se investigan? ¿No será que buscan criminalizar las protestas con este caso?

Llegados a este punto, la relación entre estos tres casos es clara: mientras la versión de los agentes de movilidad no es suficiente para condenar a alguien que ostenta un poder elevado como Esperanza Aguirre, sí se ha condenado a penas de prisión a ciudadanos corrientes con el simple relato de la policía y con enormes contradicciones en las pruebas como en el caso de Alfon o con versiones de los hechos totalmente disparatadas como en el caso del 4F. Nos encontramos, pues, ante una justicia selectiva, que actúa dependiendo de la clase social a la que pertenezca el acusado. ¿Qué hubiese ocurrido si Alfon hubiera estacionado en un carril bus y se hubiese fugado arrollando una moto de los agentes tras ser multado? ¿Le habrían absuelto?

Aguirre se ha defendido diciendo que podía marcharse sin recoger los papeles de la denuncia y que los agentes de movilidad no son policías. Sin embargo, los agentes de movilidad son agentes de la autoridad siempre que están de servicio y pueden practicar detenciones. Esto significa que Aguirre no podía abandonar el lugar hasta que se lo ordenasen los agentes.

Está claro que la justicia no es igual para todos. Si perteneces al pequeño grupúsculo que controla las empresas del Ibex35 (los cuales evaden miles de millones de impuestos cada año) o eres parte de sus súbditos que se dedican a legislar a su favor (como Esperanza Aguirre, Montoro y tantos otros políticos), la justicia será benevolente. Si por el contrario, perteneces al 99% restante de la población, es posible que te persigan y acusen de un delito que no has cometido sólo para criminalizar a los trabajadores, estudiantes, okupas, afectados por las preferentes o hipotecas o cualquier otro colectivo explotado, timado y afectado por esta crisis provocada por esos a los que la justicia perdona sus crímenes.

A todo esto debemos sumar la salida de Bárcenas de la cárcel, un hombre que acumuló una fortuna de 70 millones de euros en paraísos fiscales (supuestamente dinero de empresarios a cambio de tratos de favor, aunque en el PP se empeñan en decir que no tienen nada que ver) y que ha permanecido únicamente 18 meses en prisión. Saldrá ya que ha logrado reunir los 200.000 euros que le pedían como fianza, cifra ínfima teniendo en cuenta quién es este señor.

Está claro, por lo tanto, quiénes quieren mantener el sistema que permite que exista esta corrupción ingente: la clase dominante, ese 1% que controla la economía y la política española. Dirán, por supuesto, que van a cambiar muchas cosas para mejorar el sistema, repetirán dogmas como que la justicia es igual para todos y dirán también que no hay otro sistema mejor. Todo ello está pensado para perpetuarse en el poder, para seguir controlándolo todo. Ya es hora de que el 99% restante, los que pagamos las crisis provocadas por los ricos, nos demos cuenta de que es el sistema el que permite que el caso 4Fm, el de Alfon y el de tantos otros sindicalistas hayan seguido adelante, que es el sistema el que permite que partidos políticos se financien ilegalmente, que es el sistema el que permite que los grandes empresarios evadan miles de millones, lo que provoca recortes sociales. Esto no se soluciona poniendo a otro partido en el gobierno. Hace falta más. Sólo cuando entendamos eso, sabremos quién es nuestro enemigo.



Toni Velasco (@avelasgar)

HEPATITIS C, UN MERCADO NO RENTABLE

Los enfermos de Hepatitis C, hartos de la pasividad del gobierno, han decidido pasar a la acción. A pesar de que existe un tratamiento efectivo en un 90% contra la enfermedad (la terapia con el fármaco Sovaldi) financiado públicamente, el gobierno lo administra a muy pocos pacientes, que además, tardan semanas en recibirlo. Esto ha provocado que varios afectados por esta enfermedad que se cobra 12 vidas al día en nuestro país (unas 4.000 en 2013), organizados en la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC), se encerraran el pasado 18 de diciembre en el hospital 12 de Octubre de Madrid. Todavía hoy siguen allí.

Se estima que en España hay alrededor de 800.000 afectados por la enfermedad y unos 35.000 cirróticos. La Plataforma de Afectados pide que, al menos, se facilite el tratamiento a los cirróticos, ya que son los pacientes más graves. Se estima que el tratamiento cuesta 25.000 euros, lo que hace pensar que es su coste lo que está provocando su lenta aplicación. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha asegurado, ante la presión de la PLAFHC, que ha financiado 175 tratamientos y que sólo queda presupuesto para otros 200. Cifras no obstante irrisorias al lado de los miles de enfermos que necesitan atención urgente.

Tratar a esos 35.000 pacientes costaría unos 875 millones de euros. Esto puede parecernos una millonada pero, aunque objetivamente es mucho dinero, deberíamos tener en cuenta otros gastos del Estado Español: 1) La indemnización de 1.350 millones a ACS, empresa constructora con sociedades en paraísos fiscales de Florentino Pérez, por el Caso Castor. 2) 11.000 millones que el Estado da a la Iglesia cada año, a la cual, además, perdona el IBI. 3) El rescate a los bancos de unos 100.000 millones. 4) 36.000 millones en intereses de una deuda que en su mayoría no hemos provocado los ciudadanos sino los bancos privados rescatados. 5) Más de 6.000 millones malgastados por las administraciones en obras públicas faraónicas hoy inutilizadas y que se hicieron únicamente para beneficiar a los amigotes del gobierno. Viendo esto, ¿qué son 875 millones cuando se trata, además, de salvar miles de vidas humanas?

Un gobierno que le niega la medicación a los necesitados, causando que 12 de ellos mueran al día, es un gobierno miserable que no está al servicio de los que no pueden pagar un tratamiento de 25.000 euros (la inmensa mayoría de los españoles), sino al servicio de los que sí pueden pagárselo, al servicio, en definitiva, de los poderosos. Si defendiese a la mayoría popular, removería cielo y tierra para obtener esos 875 millones de euros y no habría destinado miles y miles de millones a esos 5 ejemplos que cité anteriormente.

Existe un país, sin embargo, que a pesar de no contar con grandes recursos económicos y tener muchos problemas, ha costeado operaciones por valor de decenas de miles de euros a los ciudadanos que lo han necesitado sin que nadie se haya tenido que encerrar en un hospital a modo de protesta. Un caso es el de una chica de 17 años a la que diagnosticaron ramificaciones vasculares múltiples en el hemisferio derecho del cerebro. Debido a la imposibilidad de tratarla en su país de origen, el gobierno, lejos de dejarla morir, pagó el tratamiento en Europa, los billetes de avión de ella y su madre y todos los gastos. Se invirtieron un total de 26.000 euros. Otro caso es el de un paciente con cáncer de columna, para el que el gobierno lleva invertidos 200.000 euros. Pero hay muchos otros casos de pacientes de este país tratados en todo el mundo.

Qué agradecidos estaríamos los españoles con un gobierno que se preocupase tanto por nosotros, ¿verdad? Pues resulta que para los ciudadanos del país en cuestión, recibir atención médica gratuita sin importar cuánto debe invertir el gobierno es algo normal. ¿Cómo puede un Estado dejar morir a un ciudadano que no puede costearse una operación médica? Es inadmisible.

Por cierto, ese país se llama Cuba.

LA OPERACIÓN PANDORA Y LA LEY MORDAZA, SÍNTOMAS DE LA DESINTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN DEL 78

La madrugada del pasado 16 de diciembre se dio una nueva estocada al movimiento libertario. 450 Mossos de Esquadra se movilizaban en la Operación Pandora, coordinada por la Audiencia Nacional, y asaltaban diversos domicilios y la mítica casa ocupa la Kasa de la Muntanya en Barcelona y otro domicilio en Madrid. El resultado eran 14 detenidos y la confiscación de libros, libretas y aparatos electrónicos. ¿El pretexto? El de siempre: se acusa a los detenidos de pertenecer a una organización terrorista anarquista que, según dicen, ha protagonizado diversos atentados con explosivos en sucursales bancarias (¿?).

Por otro lado, es por todos conocido que en breves entrará en vigor la famosa Ley Mordaza, la cual, pretende sancionar económicamente a quienes, entre otras cosas, graben a la policía, ocupen bancos, intenten parar desahucios o se manifiesten ante el Congreso, Senado o parlamentos autonómicos. Esta reforma del código penal ha levantado grandes críticas pero el PP ha decidido seguir adelante con ella, a pesar de no contar con apoyos de ningún otro partido.

Ambas acciones tienen un mismo propósito: amedrentar a una población cada vez más pobre y desesperada por la crisis que empieza a ver que las cosas no funcionan tan bien como creían o como les habían dicho.

A lo largo de estas últimas tres décadas, la clase dominante ha podido mantenerse más o menos fácilmente en el poder a través de la monarquía, el bipartidismo y demás organismos favorables a sus intereses. No ha necesitado recurrir a otros métodos. Sin embargo, el bipartidismo y las viejas estructuras del Estado empiezan a estar cuestionadas en la actualidad debido a la profunda crisis económica, el empobrecimiento y la pérdida de derechos de la clase trabajadora y otros factores, los cuales han provocado un amplio descontento.

Si la historia nos ha enseñado algo es que cuando la clase dominante ve peligrar su posición y sus privilegios empieza a utilizar métodos más duros para mantenerla. Y dos ejemplos de esto son, a mi parecer, la Ley Mordaza y la Operación Pandora. No obstante, también son muestras de que el régimen del 78 empieza a quedarse obsoleto y que tiene que ser superado. Ya no nos vale. Cada vez más gente lo percibe, lo sabe. La máscara del régimen está empezando a caer y la hegemonía construida por la clase dominante se agrieta poco a poco. Ante esta situación, la clase dominante no puede hacer otra cosa que aferrarse al poder intimidando al pueblo con leyes anticonstitucionales y llamando terroristas a aquellos que se rebelan: los manifestantes y los grupos alternativos y anticapitalistas.

Otra herramienta son los medios controlados por las élites. Estos intentan convencer a la opinión pública de que la represión policial es la única opción. No son pocos los que utilizan desproporcionadamente el término ‘terrorismo’ para justificar los registros y la criminalización de estos grupos alternativos. Su mensaje es claro: hay que detener a los terroristas que atentan contra la democracia. ¿Es que puede decirse democrático un país que viola los derechos humanos de sus ciudadanos y la propia Constitución día tras día mientras hace más ricos a los que más tienen? ¿Quién es el terrorista, el que aprueba leyes y recortes que provocan miseria, marginación y muerte en la sociedad o quien lucha contra el Estado promotor de dichas leyes? Las élites saben que en este momento crítico deben utilizar el discurso del miedo. Es lo único que les queda para aguantar en el poder mientras encuentran una solución.

Esta situación de desmoronamiento de lo viejo ha de ser estudiada por la clase oprimida, la trabajadora, para intentar, de manera organizada, contraatacar y plantar cara a aquellos que no buscan otra cosa que mantenerse en el poder a costa de la explotación, el robo y el sometimiento de los trabajadores. Tarde o temprano, si no se le derriba, el régimen hará su lavado de cara (Pedro Sánchez es la muestra de ello) y la clase opresora conseguirá conservar su posición predominante unos años más, mientras los trabajadores seguimos sufriendo una explotación interminable.


@avelasgar

YO NO ME ALEGRO DE LA MUERTE DE LA DUQUESA DE ALBA

Ha muerto Cayetana de Alba, la aristócrata con más títulos nobiliarios del mundo y poseedora de una fortuna de 2.800 millones de euros, a los 88 años. Este suceso ha propiciado que la inmensa mayoría de medios nos inunden con relatos de lo buena, amable, campechana y gran persona que era la Duquesa de Alba y, por supuesto, nos oculten otras muchas cosas.

¿Qué nos ocultan? Pues por ejemplo que gran parte de las 34.000 hectáreas que posee la familia fueron conseguidas gracias a Franco y mediante el fusilamiento de miles de jornaleros. Durante la II República, debido a lo mal repartida que estaban las tierras cultivables y viendo que las familias aristócratas que las poseían no tenían intención de producir nada en ellas, se expropiaron dichas tierras y fueron entregadas legalmente a los trabajadores para generar centenares de miles de puestos de trabajo y evitar que el pueblo se muriese de hambre (como ocurría desde hacía siglos). Esta reforma agraria duró poco. Cuando estalló la Guerra Civil, la aristocracia recuperó esas tierras asesinando y torturando a los trabajadores. Es necesario decir, además, que la familia de la Duquesa de Alba fue muy cercana al régimen franquista.

Pero hay muchas otras cosas. La familia de la Duquesa recibe varios millones de euros al año de la UE en concepto de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) por el mero hecho de tener tierras (las cuales no producen nada ni generan puestos de trabajo), mientras en nuestro país hay 4,5 millones de parados, muchos de ellos viviendo bajo el umbral de la pobreza y sin subsidio alguno. A estas ayudas hay que sumarle otras a las que pueden optar. Por si fuese poco, se permiten el lujo de llamar vagos a los trabajadores andaluces porque reciben un subsidio ínfimo (PER) tras 35 jornadas de trabajo que únicamente les permite sobrevivir el resto del año.

Además, a pesar de tal patrimonio, la familia de la Duquesa de Alba utiliza su propia Fundación o sociedades patrimoniales para obtener desgravaciones fiscales. De hecho se acaba de revelar que el 90% del patrimonio de la Casa de Alba está exento del pago de impuestos. Además, según denunció el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la Duquesa de Alba ha tenido gente trabajando de manera irregular, ha incumplido los convenios con los trabajadores e ingresa millones de euros de forma irregular.

Si partimos de la premisa básica de que la sociedad está dividida en clases sociales (explotadores y explotados) con intereses totalmente contrapuestos (unos pagar menos a sus empleados y otros ganar un sueldo mayor), vemos claramente que la Duquesa de Alba pertenecía a la clase explotadora ya que jamás trabajó, sino que vivió del trabajo de los demás. Eso (el vivir del trabajo de otros) es lo que caracteriza a su clase social. Sin embargo, lo que caracteriza a la clase trabajadora es que necesita emplearse para obtener un salario y así sobrevivir. La Duquesa de Alba pertenecía más concretamente a la clase terrateniente, que se beneficia de sus numerosas tierras, no a la clase capitalista que vive de la plusvalía de sus trabajadores (aunque también lo hacía en parte ya que algunas de sus tierras sí se trabajan). En todo caso, se trata de una clase que domina a la trabajadora.

No obstante, no puedo sentir alegría o alivio por su muerte, al igual que cuando murió Botín. No puedo porque otra persona ocupará su lugar y la explotación de la clase trabajadora continuará hasta que seamos los trabajadores organizados los que acabemos con ella. No puedo porque, a pesar de todo el daño que causó, la Duquesa de Alba murió sin haber pagado por ello. No puedo porque gran parte de la clase trabajadora, en su alienación, sigue creyendo los cuentos de hadas que le cuentan los medios pagados por la clase dominante, lo que le hace creer que el explotador quiere lo mejor para el trabajador. No puedo porque mientras los explotadores son tildados de héroes por los medios al morir, se silencia a los miles de trabajadores que se han suicidado por esta crisis, a los que mueren en accidentes laborales o a los que se les priva de los derechos humanos más básicos.

Tenemos circo para días. Las televisiones del régimen nos dirán que la Duquesa de Alba era muy del pueblo, que era simpática, rebelde y que se preocupaba mucho por Sevilla. Lo repetirán hasta que la mayoría de españoles se hagan la imagen de la Duquesa de Alba que pretende crear la clase dominante y no lo que fue realmente: una enemiga de la clase trabajadora que vivió a base de explotarla.

5 COSAS QUE DEBERÍAS SABER DEL MURO DE BERLÍN

El pasado 10 de noviembre se cumplieron 25 años de la caída del muro de Berlín y tanto la Alemania de Merkel como occidente en general lo celebraron por todo lo alto. Este muro, llamado Muro de Protección Antifascista por la antigua República Democrática Alemana (RDA) y Muro de la Vergüenza por occidente, fue uno de los elementos más importantes e identificativos de la guerra fría entre EEUU y la desaparecida Unión Soviética. El muro tenía 3,6 metros de altitud y 155 kilómetros de longitud; dividió la ciudad de Berlín durante 28 años (desde 1961 hasta 1989) y su caída supuso el fin de la guerra fría.

Tras la disolución del campo socialista, ha sido mucha la manipulación difundida por los medios capitalistas sobre el muro. Esto se ha hecho por 2 motivos: beneficiar los intereses capitalistas de los dueños de dichos medios e intentar criminalizar el máximo posible a la RDA (estado que construyó dicho muro) y al socialismo y al comunismo en general.

Ahí van 5 cosas que deberías saber del muro de Berlín.

1) El muro rodeaba Berlín oeste, no Berlín este ni la RDA. Es tanta la manipulación de los medios que la mayoría de gente cree que el muro rodeaba el Berlín oriental (RDA) e impedía la salida a los alemanes del este. Tampoco separaba la RDA de la RFA (República Federal Alemana). El muro rodeaba únicamente los territorios del Berlín Occidental (RFA) ocupados por EEUU, Francia e Inglaterra (potencias que hacían todo lo posible por desestabilizar al país socialista) tras la Segunda Guerra Mundial. Esta zona estaba localizada dentro de la RDA, lo cual era muy negativo para el país ya que tenían al enemigo dentro de sus fronteras. La RDA, viendo el peligro que esto suponía, abogaba por la unificación del país y la salida de las tropas extranjeras, EEUU siempre se negó.

El mapa lo muestra con claridad. No eran los ciudadanos de la RDA los que se encontraban rodeados por el muro, sino los del Berlín Occidental. De hecho, las fronteras de la RDA carecían de muros, por lo que los alemanes del este podían escapar hacia otros países.

2) La RDA hizo todo lo posible por evitar construir el muro. Existe la convicción generalizada de que el gobierno de la RDA se levantó un buen día y decidió construir el muro por pura maldad. Esto tampoco es cierto. El muro se levantó tras años de conflictos entre el bloque socialista y las potencias occidentales. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales deciden dividir la capital alemana en contra de lo que Stalin pidió en Yalta: una Alemania unificada y desmilitarizada. En mayo de 1949 las potencias occidentales unen los territorios que ocupaban en Berlín oeste y fundan la RFA (con numerosos nazis en el gobierno, servicios de inteligencia, administraciones, etc), incumpliendo los acuerdos de Postdam y Yalta. Unos meses después, y como respuesta a la RFA, nace la RDA, un estado antifascista con un objetivo: el socialismo.

La unificación de Berlín Occidental e incursión en la RFA provocó un bloqueo terrestre de la zona por los soviéticos, creando una enorme tensión entre ambos bandos. Dicho bloqueo se levantaría un año después.

Por otro lado, el enorme crecimiento económico que tuvo la RFA en los años 50 fue posible gracias a la ayuda de las potencias capitalistas. A pesar de las enormes deudas que tenía la RFA (Plan Marshall y otras), las potencias occidentales ayudaron enormemente al país en su reconstrucción (incluso se le perdonaron intereses acumulados de las deudas o se hicieron quitas superiores al 50%), lo que provocó un aumento enorme de su PIB. Esto se hizo por la necesidad de mostrar una RFA rica y próspera, y no pobre como la RDA (que no gozaba de esas ayudas ni por asomo), para evitar que la clase trabajadora se pasase al comunismo.

Estas enormes diferencias económicas entre las dos alemanias provocaron que miles de alemanes orientales, muchos de ellos obreros cualificados, emigrasen al Berlín oeste (RFA) atraídos por su alto nivel de vida. Esto afectaba muchísimo a la RDA ya que había invertido ingentes recursos en la formación de estos trabajadores. También se estableció un comercio transfronterizo entre alemanes orientales y occidentales y dos monedas, lo que afectaba enormemente a la economía de la RDA. Por todo esto, se empieza a hablar de cerrar fronteras en Alemania del este. En 1955 la RDA entra en el Pacto de Varsovia, lo que tensa más la cuerda entre ambos bandos. En 1958, por si fuera poco, la RFA se mete en la investigación armamentística atómica.

La RDA quería una Alemania unificada y sin tropas extranjeras, cosa que sólo aceptaba la Unión Soviética. Las potencias occidentales se negaron a retirar sus tropas del Berlín Occidental por su posición estratégica en el centro del territorio de la RDA. La tensión iba en aumento. La Alemania Oriental propuso decenas de propuestas de colaboración y para acabar con el armamento atómico, la OTAN, etc. para así unificar Alemania y terminar con los problemas derivados de la división (la RDA perdía 3.500 millones de marcos cada año). Las potencias capitalistas occidentales se negaron a negociar la reunificación ya que eso habría ido en contra de sus intereses. La división alemana les iba genial para desgastar a su enemigo socialista.

Fue en 1961, debido a esos y otros problemas derivados, cuando autoridades de la RDA decidieron, como último recurso, levantar el muro y evitar que el país colapsara económicamente hablando. Quizás no fue la mejor decisión, pero no se levantó simplemente para separar a los alemanes como se cuenta hoy.

3) Muchos de los que cruzaban el muro terminaban regresando a la RDA. Es innegable que mucha gente arriesgó su vida por cruzar el muro y que algunos murieron en el intento. Todos lo hemos visto en los medios de comunicación. Lo que no se dice es que parte de los que cruzaban (muchos de forma legal ya que se expedían visados, cosa que tampoco se dice) regresaban a la RDA.

Un ejemplo es lo sucedido en 1984, cuando emigraron a la RFA legalmente 40.000 alemanes orientales. La sorpresa vino cuando 20.000 de estos emigrantes pidieron regresar a la RDA sólo un año después. Los motivos fueron la falta de coberturas sociales de la RFA, la enorme tasa de paro (más de 2,5 millones en esa época) o la falta de compañerismo. En definitiva: habían comprobado lo que era el capitalismo.

4) La caída del muro supuso un brutal expolio a la clase trabajadora alemana oriental. Cuando cayó el muro en 1989, la RDA se integró en la RFA y los oligarcas occidentales se repartieron el patrimonio público de Alemania Oriental. Este patrimonio, erigido gracias a la socialización de los medios de producción, había permitido avances sociales inexistentes en la RFA (ni en la mayoría de estados actuales) como la atención médica y educación gratuitas, viviendas para todos, un empleo seguro, pensiones de vejez o por enfermedad, baja por maternidad de 6 semanas antes del parto y 8 después (con el 100% del salario), igualdad de oportunidades para hombres y mujeres (en 1985, el 50,6% de los alumnos de las 54 facultades de la RDA eran mujeres, y en 1989 el 90% de las mujeres en edad de trabajar lo hacía), aborto libre y gratuito desde 1972, prescripción gratuita de anticonceptivos, y un largo etcétera.

En 1990, la agencia occidental Treuhandanstalt (abreviada como Treuhand) fue fundada para administrar y posteriormente privatizar las empresas públicas de la RDA. Se contabilizaron 8.400 empresas, 25.000 comercios al por menor, 7.500 hoteles y restaurantes y 4 millones de hectáreas cultivables y bosques que daban trabajo a 4,5 millones de alemanes orientales. Esta agencia gestionó también propiedades pertenecientes al servicio secreto (Stasi) y al ejército de la RDA. Este patrimonio fue el que se repartió el gran capital privatizando de forma masiva esas empresas o, en otros casos, destruyéndolas para que no amenazasen a sus competidoras occidentales.

El expolio del enorme tejido social que construyeron los trabajadores de la RDA durante décadas supuso que en 2 años se pasase de un paro inexistente a más del 14% (y siguió aumentando los años siguientes hasta doblar ese porcentaje). En pocos años, de los 4,5 millones de trabajadores sólo quedaba 1,5. El 85% de las empresas se vendieron a empresarios occidentales y muchas otras a capitales extranjeros. Aparecieron entonces la prostitución, la mendicidad, el tráfico de drogas y, en definitiva, la marginalidad, antes inexistente, que todavía hoy persiste y que ha provocado que 2 de cada 3 alemanes que vivieron en la antigua RDA añoren la seguridad y los servicios sociales del país socialista.

5) Existen hoy otros muros que han causado muchísimos más muertos que el muro de Berlín.A todos se nos ha inculcado que el muro de Berlín fue algo horrendo, que su caída dio paso a la libertad y que cosas como esas no deben volver a repetirse. No obstante, hoy existen muros mucho peores. Algunos ejemplos:
a) Las vallas de Ceuta y Melilla, que se han cobrado 279 vidas en 13 años (en el muro de Berlín murieron 79 personas en 28 años).
b) La frontera de México, un muro de 600 kilómetros de longitud que ha causado la escalofriante cifra de más de 10.000 muertos desde su construcción en 1994.
c) El muro israelí, de 10 metros de alto y 5 veces más largo que el de Berlín, ha separado familias y ha destruido el modo de vida de miles de palestinos. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya determinó que violaba el derecho internacional humanitario y debía ser demolido. Israel hizo caso omiso.
d) El muro del Sáhara Occidental, conformado realmente por 8 muros de 2.700 kilómetros de longitud en total que impiden a los saharauis el acceso a las zonas más ricas del Sáhara Occidental. Contiene más de 7 millones de minas antipersona y su construcción la financiaron EEUU y Arabia Saudita. Francia y EEUU se benefician de los recursos del Sáhara Occidental (petroleo, minerales, uranio, etc), mientras los saharauis viven en la miseria.

La existencia de estos muros no es excusa ni justifica las muertes que causó el de Berlín. Simplemente creo que sirve para mostrar la doble vara de medir del sistema actual y para hacer reflexionar al lector. ¿Por qué unos muros se silencian y en cambio se sigue hablando de uno que cayó hace 25 años? Porque a los dueños de los medios (oligarquía financiera) les benefician los muros que silencian (un claro ejemplo es el enriquecimiento de las grandes empresas gracias a los recursos saharauis) mientras que el muro de Berlín (y la RDA y el campo socialista en general) frenaba sus intereses capitalistas. Intereses que, como ya se explicó anteriormente, se vieron cumplidos una vez derribado el muro.

Para terminar hay que decir que, obviamente, la RDA no era el paraíso ni mucho menos, como no lo ha sido ni es ningún país del mundo. La RDA tuvo muchos problemas y se enfrentó a enormes dificultades desde sus inicios. Partió con una gran desventaja con respecto a la RFA debido a que el territorio de la RDA fue el más afectado por la guerra y a que EEUU saqueó zonas bajo control soviético y las traslado a la RFA. Se cometieron errores y seguramente las libertades personales no eran las más deseables. No obstante, se consiguieron derechos sociales que hoy en España, Alemania o EEUU son impensables. La RDA fue una experiencia obrera que tuvo virtudes de las cuales la clase trabajadora debe estar orgullosa y defectos los cuales deben ser estudiados para que no se cometan de nuevo en la siguiente experiencia socialista.

Toni Velasco (@avelasgar)

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, LA CRISIS CAPITALISTA Y EL DERECHO A DECIDIR

El foco mediático se está centrando estas últimas semanas en la corrupción, la cual ha salpicado especialmente a políticos de PP y PSOE, o en la consulta catalana. Sin embargo, existe una noticia igual o incluso más importante que está pasando totalmente desapercibida en los medios de masas: el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE (TLC a partir de ahora).

Se trata, a grandes rasgos, de un acuerdo entre estas dos regiones para reducir impuestos arancelarios a las importaciones y demás regulaciones para así facilitar el comercio entre las mismas. Sus defensores (PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV) hablan de que es una gran oportunidad para Europa y que generará dos millones de empleos. Desestimaron, además, la propuesta de la Izquierda Plural para celebrar un referéndum y que fuese la ciudadanía quien decidiese si España debía apoyar el TLC o no.

Llegados a este punto (donde no hemos hecho nada más que empezar), cualquiera se preguntará por qué ni PP, PSOE, UPyD, PNV o CiU ha sacado pecho en público por apoyar este gran proyecto si es tan bueno como dicen.

Si nadie ha sacado pecho, sino que se está negociando en secreto y además los documentos estarán cerrados al público durante 30 años, es porque este acuerdo no va a beneficiar más que a las empresas multinacionales a las que todos estos partidos sirven realmente y cuyos intereses son contrapuestos a los de la clase trabajadora. Casualmente, los medios que ocultan el TLC a la opinión pública están controlados por estas multinacionales.

El TLC supone un avance más en la subordinación ya existente de las democracias nacionales de la UE a una política económica concreta que arrancó tímidamente en las décadas de los 50 y 60 con los primeros acuerdos europeos (CECA, CEE, EURATOM) pero que se intensificó a partir de mediados de los 80 con el Acta Única y Maastricht (Unión Europea). ¿Cuál es esta política económica concreta? La liberalización comercial, o sea la reducción del peso de las fronteras nacionales en relación con la circulación internacional de mercancías y capitales. Tal es la reducción de las fronteras económicas, que para pertenecer a la UE, los estados han de renunciar a parte de sus competencias en política económica, dejando a otros decidir por ellos. Todos hemos oído hablar de la troika, que no es otra cosa que, como bien dice el economista Xabier Arrizábalo, el caballo de Troya para que el FMI dicte la política económica en Europa. Que haya alguien que diga a los estados qué política económica deben implantar socava enormemente la calidad democrática de los países y en casa tenemos un claro ejemplo de esto: la obligación por parte de Bruselas a que España, cambiando el artículo 135 de la Constitución, priorizase el pago de una deuda de capital privado antes que los servicios sociales, educación o sanidad. Esto es lo que facilitó el Tratado de Maastricht, pero el TLC va, como he dicho, más allá.

El TLC pretende pasar por encima de los mecanismos y leyes conseguidas con tanto sufrimiento y esfuerzo por la clase trabajadora para proteger sus derechos laborales, además de otras leyes como por ejemplo las relacionadas con la preservación del medioambiente, privatizaciones, etc. para el beneficio de los grandes conglomerados financieros y empresariales. Los defensores del TLC hablan de libertad de comercio, pero de lo que se trata realmente es de libertad de explotación en favor de esas grandes empresas que esconden decenas y decenas de sociedades en paraísos fiscales.

De aprobarse el TLC, ya no serán los parlamentos democráticos quienes decidirán, sino las multinacionales. ¿Cómo lo harán? Gracias al tratado, si una multinacional cree que un gobierno ha aprobado una ley que va en contra de sus intereses, podrá denunciar a este gobierno y un tribunal internacional dictaminará quién tiene razón. ¿Quién conformará este tribunal? Según han investigado los compañeros de Cafeambllet, las multinacionales tendrán grandes facilidades para imponer un tribunal que les sea favorable.

Existen precedentes al TLC que se está negociando actualmente. Por ejemplo el caso de Australia, donde el parlamento aprobó una ley relacionada con las cajetillas de tabaco. Una vez aprobada, la tabacalera Philip Morris denunció al gobierno y gracias a un tratado muy similar al TLC, la empresa tabacalera ganó el juicio y el gobierno tuvo que anular su ley. Una tabacalera logró tumbar una ley aprobada por un gobierno democrático. Se trata de algo muy serio.

Otro precedente es el tratado NAFTA entre EEUU y México, el cual, después de 20 años, ha supuesto la pérdida de millones de puestos de empleo y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. Eso sí, las multinacionales han salido ganando. Es por eso que los medios callan, porque saben que si la ciudadanía supiese todo esto se posicionaría claramente en contra y PP y PSOE se hundirían todavía más. La clase dominante, debido a la crisis de sobreproducción capitalista en la que nos encontramos, se ve en la obligación (debido a sus intereses capitalistas) de poner en marcha un proceso de destrucción de capital, esto significa acabar con pequeñas y medianas empresas (o absorberlas o adquirirlas a bajo precio) para ocupar su porción de mercado y así volver a generar grandes ganancias. Esto desembocará, como no, en despidos y precarización laboral para los trabajadores. En tres palabras: lucha de clases.

En definitiva, de aprobarse el TLC, los ciudadanos perderemos nuestro derecho a decidir. No importará quién gobierne ya que las grandes multinacionales podrán, a través de este tribunal, saltarse las leyes que se aprueben en el parlamento.

Uno de los partidos burgueses que apoya este tratado es CiU, irónicamente, que tanto ruido está haciendo en Catalunya por el derecho a decidir de los catalanes. Pero no pequemos de ingenuos. Es normal que CiU defienda el derecho de los catalanes a decidir sobre la independencia ya que, de momento, gracias a esto no se habla de los brutales recortes que ha llevado a cabo, de la creciente pobreza existente en Catalunya o de la ingente corrupción de su partido (aunque el derecho a decidir sea legítimo, más faltaría), entre otros motivos. Y, por otro lado, es normal también que no defienda el derecho a decidir de la clase trabajadora en materia económica y prefiera dejar esa competencia a las multinacionales. Al fin y al cabo, los partidos que apoyan el TLC siempre han tenido tratos con las multinacionales y es, muy probablemente, donde acabarán los dirigentes de todos los partidos que pretenden ser partícipes de este sucio golpe de estado oculto a la ya de por sí débil democracia española.

Toni Velasco (@avelasgar)