El
foco mediático se está centrando estas últimas semanas en la
corrupción, la cual ha salpicado especialmente a políticos de PP y
PSOE, o en la consulta catalana. Sin embargo, existe una noticia
igual o incluso más importante que está pasando totalmente
desapercibida en los medios de masas: el Tratado de Libre Comercio
entre EEUU y la UE (TLC a partir de ahora).
Se
trata, a grandes rasgos, de un acuerdo entre estas dos regiones para
reducir impuestos arancelarios a las importaciones y demás
regulaciones para así facilitar el comercio entre las mismas. Sus
defensores (PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV) hablan de que es una gran
oportunidad para Europa y que generará dos millones de empleos.
Desestimaron, además, la propuesta de la Izquierda Plural para
celebrar un referéndum y que fuese la ciudadanía quien decidiese si
España debía apoyar el TLC o no.
Llegados
a este punto (donde no hemos hecho nada más que empezar), cualquiera
se preguntará por qué ni PP, PSOE, UPyD, PNV o CiU ha sacado pecho
en público por apoyar este gran proyecto si es tan bueno como dicen.
Si
nadie ha sacado pecho, sino que se está negociando en secreto y
además los documentos estarán cerrados al público durante 30 años,
es porque este acuerdo no va a beneficiar más que a las empresas
multinacionales a las que todos estos partidos sirven realmente y
cuyos intereses son contrapuestos a los de la clase trabajadora.
Casualmente, los medios que
ocultan el TLC a la opinión pública están controlados por estas
multinacionales.
El
TLC supone un avance más en la subordinación ya existente de las
democracias nacionales de la UE a una política económica concreta
que arrancó tímidamente en las décadas de los 50 y 60 con los
primeros acuerdos europeos (CECA, CEE, EURATOM) pero que se
intensificó a partir de mediados de los 80 con el Acta Única y
Maastricht (Unión Europea). ¿Cuál es esta política económica
concreta? La liberalización comercial, o sea la reducción del peso
de las fronteras nacionales en relación con la circulación
internacional de mercancías y capitales. Tal es la reducción de las
fronteras económicas, que para pertenecer a la UE, los estados han
de renunciar a parte de sus competencias en política económica,
dejando a otros decidir por ellos. Todos hemos oído hablar de la
troika, que no es otra cosa que, como bien dice el economista Xabier
Arrizábalo, el caballo de Troya para que el FMI dicte la política
económica en Europa. Que haya alguien que diga a los estados qué
política económica deben implantar socava enormemente la calidad
democrática de los países y en casa tenemos un claro ejemplo de
esto: la obligación por parte de Bruselas a que España, cambiando
el artículo 135 de la Constitución, priorizase el pago de una deuda
de capital privado antes que los servicios sociales, educación o
sanidad. Esto es lo que facilitó el Tratado de Maastricht, pero el
TLC va, como he dicho, más allá.
El
TLC pretende pasar por encima de los mecanismos y leyes conseguidas
con tanto sufrimiento y esfuerzo por la clase trabajadora para
proteger sus derechos laborales, además de otras leyes como por
ejemplo las relacionadas con la preservación del medioambiente,
privatizaciones, etc. para el beneficio de los grandes conglomerados
financieros y empresariales. Los defensores del TLC hablan de
libertad de comercio, pero de lo que se trata realmente es de
libertad de explotación en favor de esas grandes empresas que
esconden decenas y decenas de sociedades en paraísos fiscales.
De
aprobarse el TLC, ya no serán los parlamentos democráticos quienes
decidirán, sino las multinacionales. ¿Cómo lo harán? Gracias al
tratado, si una multinacional cree que un gobierno ha aprobado una
ley que va en contra de sus intereses, podrá denunciar a este
gobierno y un tribunal internacional dictaminará quién tiene razón.
¿Quién conformará este tribunal? Según han investigado los
compañeros de Cafeambllet, las multinacionales tendrán grandes
facilidades para imponer un tribunal que les sea favorable.
Existen
precedentes al TLC que se está negociando actualmente. Por ejemplo
el caso de Australia, donde el parlamento aprobó una ley relacionada
con las cajetillas de tabaco. Una vez aprobada, la tabacalera Philip
Morris denunció al gobierno y gracias a un tratado muy similar al
TLC, la empresa tabacalera ganó el juicio y el gobierno tuvo que
anular su ley. Una tabacalera logró tumbar una ley aprobada por un
gobierno democrático. Se trata de algo muy serio.
Otro
precedente es el tratado NAFTA entre EEUU y México, el cual, después
de 20 años, ha supuesto la pérdida de millones de puestos de empleo
y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. Eso sí, las
multinacionales han salido ganando. Es por eso que los medios callan,
porque saben que si la ciudadanía supiese todo esto se posicionaría
claramente en contra y PP y PSOE se hundirían todavía más. La
clase dominante, debido a la crisis de sobreproducción capitalista
en la que nos encontramos, se ve en la obligación (debido a sus
intereses capitalistas) de poner en marcha un proceso de destrucción
de capital, esto significa acabar con pequeñas y medianas empresas (o absorberlas o adquirirlas a bajo precio) para ocupar su porción de mercado y así volver a generar grandes
ganancias. Esto desembocará, como no, en despidos y precarización
laboral para los trabajadores. En tres palabras: lucha de clases.
En
definitiva, de aprobarse el TLC, los ciudadanos perderemos nuestro
derecho a decidir. No importará quién gobierne ya que las grandes
multinacionales podrán, a través de este tribunal, saltarse las
leyes que se aprueben en el parlamento.
Uno
de los partidos burgueses que apoya este tratado es CiU,
irónicamente, que tanto ruido está haciendo en Catalunya por el
derecho a decidir de los catalanes. Pero
no pequemos de ingenuos. Es
normal que CiU defienda el derecho de los catalanes a decidir sobre
la independencia ya que, de momento, gracias a esto no se habla de
los brutales recortes que ha llevado a cabo, de la creciente pobreza
existente en Catalunya o de la ingente corrupción de su partido
(aunque el derecho a decidir sea legítimo, más faltaría), entre
otros motivos. Y, por otro
lado, es normal también que no defienda el derecho a decidir de la
clase trabajadora en materia económica y prefiera dejar esa
competencia a las multinacionales. Al fin y al cabo, los partidos que
apoyan el TLC siempre han tenido tratos con las multinacionales y es,
muy probablemente, donde acabarán los dirigentes de todos los
partidos que pretenden ser partícipes de este sucio golpe de estado
oculto a la ya de por sí débil democracia española.
Toni Velasco (@avelasgar)
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