sábado, 24 de enero de 2015

CUANDO LA DICTADURA ESTÁ JUSTIFICADA

Ha muerto Abdalá bin Addelazis, rey de Arabia Saudita, a la edad de 90 años. Los medios se han hecho eco de la noticia pero, una vez más, algunos de ellos nos muestran la realidad distorsionada.
Antena 3 y Telecinco narraban la muerte del monarca prescindiendo de términos como “dictador” o “régimen”, los cuales emplean a menudo cuando hablan de ciertos países latinoamericanos. Únicamente Telecinco decía casi de pasada que Arabia Saudita acumula muchas violaciones de DDHH, mientras resaltaba que el monarca, en sus visitas a Marbella, gastaba mucho dinero en las tiendas y que todos allí desean que su sucesor haga lo mismo. La Sexta ni siquiera ha informado del suceso en su edición de noticias del medio día. El País, por su parte, hablaba de un rey absoluto pero con “tintes reformistas”. En las versiones escritas de La Sexta o Telecinco no se avista crítica alguna a la situación de Arabia.

Arabia Saudita es una monarquía absoluta. Esto significa que el monarca tiene poderes totales y que, por lo tanto, no existe la división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial vigente en España, por ejemplo (división que tampoco garantiza, por supuesto, que exista una democracia de calidad). El monarca puede, pues, cambiar las decisiones judiciales o reformar las leyes a su voluntad, por ejemplo. En resumidas cuentas: Arabia Saudita es una dictadura con todas las letras. Tanto, que el nuevo monarca absoluto será el hermano del fallecido sin urnas que valgan.
Por otra parte están las continuas violaciones de los DDHH. Algunos ejemplos son la condena de 10 años de cárcel y 1.000 latigazos al ciudadano Raif Badawi por crear una página web de debate político y religioso. La decapitación en 2013 de unas 60 personas y en 2014 a 87. Por si fuese poco, en ocasiones los cuerpos son exhibidos tras la ejecución (Arabia Saudita es el único país del mundo en el que esto sucede). Por otro lado tenemos la discriminación que sufren las mujeres, las cuales no pueden ser parlamentarias, conducir su propio vehículo, viajar solas, hacer trabajos remunerados, etc. En Enero de 2014, además, se aprobó una ley “antiterrorista” para criminalizar la libertad de expresión, reunión y asociación. Se cree también que miles de personas han sido víctimas de juicios injustos y detenciones arbitrarias, según las organizaciones de DDHH. Además, mientras la élite saudí vive en la opulencia, gran parte de la población está desempleada y la tasa de pobreza es la más alta de la región (uno de cada tres saudíes es pobre), a pesar de que el país contiene un quinto de las reservas mundiales de petroleo aproximadamente.
Conociendo ahora algo mejor la realidad saudita, ¿por qué los medios, al morir el monarca, no nos han informado más exhaustivamente de todo esto? La respuesta está en las magníficas relaciones que mantiene el país árabe con EEUU, España y occidente en general.
Centrémonos en España. Varias empresas multinacionales españolas participaron en la construcción del AVE de Arabia Saudita (OHL, Sacyr, Copasa, Dimetronic, Inabensa, Cobra, Indra, Imathia, Ineco, etc). La compañía de Esther Koplowitz, FCC, fue seleccionada para construir el metro de Riad, la capital de Arabia Saudita. Otro gran empresario que ha hecho grandes tratos con el fallecido monarca saudí es Florentino Pérez. Su empresa, ACS, fue seleccionada para construir 11 estadios en el país árabe por 2.000 millones y para realizar 2 proyectos industriales por 650 millones, entre otros proyectos.
En resumidas cuentas, los medios de comunicación no critican demasiado al gobierno saudí, aunque se trate de una feroz dictadura, porque éste ha proporcionado suculentos contratos a grandes empresarios españoles que, al final, dirigen gran parte de estos medios de comunicación. ¿Cómo va, por ejemplo, La Sexta a hablar mal del país si los dueños de FCC y Ferrovial, entre otras, poseen un porcentaje de la cadena? No les interesa que se hable de ciertas cosas, por muy graves que sean. Nos cuentan, sin embargo, cosas como que esos proyectos serán buenos para España, aunque esas empresas tributen en paraísos fiscales, lo que acaba generando recortes para los ciudadanos; que generan empleo, aunque sea empleo esclavo en parte, cosa que también ocultan; que benefician a la Marca España, cosa también falsa, únicamente benefician al empresario que se forra con la obra, etc.
Nos encontramos entonces ante una dictadura justificada. Justificada porque genera enormes beneficios a la élite, la minoría que compra gobiernos (a cambio de sobres o cargos en sus empresas) para que haga las leyes a su favor y pueda ahorrarse miles de millones en impuestos, por ejemplo. ¿Y cómo logran mantenerse en su posición? Entre otras cosas, gracias a los medios de comunicación, que utilizan para inculcar su ideología al resto del mundo con mentiras o verdades a medias. Es por eso que, por ejemplo, la mayoría de gente cree que Venezuela es una dictadura atroz, a pesar de que cuenta con leyes y mecanismos más democráticos que España (como la revocación de los cargos públicos o las comunas) y un sistema electoral electrónico infalible validado por el mundo entero, y apenas conoce la trágica realidad de países amigos de Occidente como Arabia Saudita.
El difunto rey de Arabia Saudita era un tirano al que la vida de su pueblo no le importaba nada, ya que lo ha mantenido durante años en la pobreza más absoluta y sin libertad alguna. Sin embargo, los medios españoles han preferido centrarse en sus viajes a España y decir que gastaba mucho dinero en joyas. En nosotros está el empezar a ser más críticos con los medios de comunicación, ya que, como todo en este sistema, están pensados con un fin: generar beneficios a sus dueños, aunque sea a través del engaño.


Toni Velasco (@avelasgar)

miércoles, 21 de enero de 2015

LA JUSTICIA SELECTIVA ESPAÑOLA, MUESTRA DE UN SISTEMA FALLIDO


La sociedad catalana y española está asistiendo a una serie de resoluciones judiciales algo inesperadas, por decirlo suavemente:

1) El archivo del caso contra Esperanza Aguirre tras lesionar a un agente de movilidad y arrollar su moto al fugarse de estos, quienes la habían multado por estacionar en un carril bus. El juez consideró que "no está acreditada la desobediencia y las lesiones denunciadas" y que la “solución no puede ser otra que el sobreseimiento, pues la denuncia ha sido rebatida por la denunciada, existiendo incluso más apoyos a su versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas serias hacia la credibilidad de estos”. En otras palabras, la versión de los agentes de movilidad era menos creíble que la de Aguirre, a pesar de que había un gran número de viandantes que vieron cómo Aguirre arrollaba la moto y se fugaba.

2) El caso 4F, relatado exhaustivamente en la película-reportaje Ciutat Morta, estrenada en la televisión pública catalana (con 5 minutos de censura) el pasado 17 de enero. El reportaje explicaba como, tras el lanzamiento de un tiesto que dejó en estado vegetativo a un policía en Barcelona, se acusó a una serie de jóvenes, varios de los cuales fueron brutalmente torturados, vejados y encarcelados durante años. Esto provocó, además, el suicidio de Patricia Heras, una chica a la cual detuvieron únicamente por su estética, ya que ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos. La única prueba expuesta en el caso fue la versión de unos policías (los cuales serían condenados por inventarse pruebas y torturar a otros detenidos en otro caso), la cual queda desmontada en el reportaje. La película pone hincapié en la complicidad de absolutamente todos los elementos del supuesto Estado de Derecho: la juez (quien desestimó todas las pruebas de la defensa y trató a los arrestados como culpables desde el primer momento), la Fiscalía, la Audiencia Provincial, la policía, altos cargos políticos, funcionarios y muchos medios de comunicación. Todos pusieron de su parte para culpar a esos jóvenes aún sabiendo que no fueron ellos. Necesitaban encontrar culpables, aunque no lo fuesen, para cerrar el caso y hacer creer a la población que el sistema funciona. Este caso recuerda a la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, cuando la policía pierde la pista del disidente que se niega a quemar libros como dicta la ley y decide detener a un ciudadano corriente, echándole la culpa de todo con un montaje policial espectacular que toda la ciudadanía ve por televisión. Una vez atrapado el culpable, aunque se trata de un inocente, la población cree que el sistema ha logrado resolver el problema y sigue confiando él.

3) El caso de Alfonso Pérez, Alfon, el joven madrileño condenado a 4 años de prisión por portar explosivos en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Alfon se defendió aduciendo que ni él ni sus acompañantes portaban ninguna bolsa y explicó que fueron los policías quienes exhibieron una mochila en el momento de la detención. El abogado de Alfon relataba, tras salir del juzgado: Ha quedado acreditado que (Alfon) es inocente porque hay unas contradicciones manifiestas, sobretodo con el tema de la cadena de custodia del supuesto artefacto explosivo: quién lo ha cogido, cómo se ha llevado a analizar... No coincide el grupo de policías que recepciona el artefacto con el que se lo remite a los TEDAX (especialistas en desactivación de explosivos), no coincide el número de atestado, no coinciden los instructores ni los secretarios, no coincide el número de la brigada, no coincide la descripción del supuesto artefacto en una comparecencia y en otra. Son unas contradicciones tan grandes que rompen la cadena de custodia. Incluso sin llegar a discutir que Alfonso no llevaba el objeto, que lo hemos dicho desde el principio, entendemos que debe ser una condena absolutoria. [...] Se pidió un estudio holofoscópico de las huellas y curiosamente no hay ninguna huella de Alfonso (en el artefacto) pero sí que hay cuatro resultados positivos de huellas pero no se han investigado.”. ¿Se puede condenar a alguien habiendo todas estas irregularidades? ¿De quién son esas huellas y por qué no se investigan? ¿No será que buscan criminalizar las protestas con este caso?

Llegados a este punto, la relación entre estos tres casos es clara: mientras la versión de los agentes de movilidad no es suficiente para condenar a alguien que ostenta un poder elevado como Esperanza Aguirre, sí se ha condenado a penas de prisión a ciudadanos corrientes con el simple relato de la policía y con enormes contradicciones en las pruebas como en el caso de Alfon o con versiones de los hechos totalmente disparatadas como en el caso del 4F. Nos encontramos, pues, ante una justicia selectiva, que actúa dependiendo de la clase social a la que pertenezca el acusado. ¿Qué hubiese ocurrido si Alfon hubiera estacionado en un carril bus y se hubiese fugado arrollando una moto de los agentes tras ser multado? ¿Le habrían absuelto?

Aguirre se ha defendido diciendo que podía marcharse sin recoger los papeles de la denuncia y que los agentes de movilidad no son policías. Sin embargo, los agentes de movilidad son agentes de la autoridad siempre que están de servicio y pueden practicar detenciones. Esto significa que Aguirre no podía abandonar el lugar hasta que se lo ordenasen los agentes.

Está claro que la justicia no es igual para todos. Si perteneces al pequeño grupúsculo que controla las empresas del Ibex35 (los cuales evaden miles de millones de impuestos cada año) o eres parte de sus súbditos que se dedican a legislar a su favor (como Esperanza Aguirre, Montoro y tantos otros políticos), la justicia será benevolente. Si por el contrario, perteneces al 99% restante de la población, es posible que te persigan y acusen de un delito que no has cometido sólo para criminalizar a los trabajadores, estudiantes, okupas, afectados por las preferentes o hipotecas o cualquier otro colectivo explotado, timado y afectado por esta crisis provocada por esos a los que la justicia perdona sus crímenes.

A todo esto debemos sumar la salida de Bárcenas de la cárcel, un hombre que acumuló una fortuna de 70 millones de euros en paraísos fiscales (supuestamente dinero de empresarios a cambio de tratos de favor, aunque en el PP se empeñan en decir que no tienen nada que ver) y que ha permanecido únicamente 18 meses en prisión. Saldrá ya que ha logrado reunir los 200.000 euros que le pedían como fianza, cifra ínfima teniendo en cuenta quién es este señor.

Está claro, por lo tanto, quiénes quieren mantener el sistema que permite que exista esta corrupción ingente: la clase dominante, ese 1% que controla la economía y la política española. Dirán, por supuesto, que van a cambiar muchas cosas para mejorar el sistema, repetirán dogmas como que la justicia es igual para todos y dirán también que no hay otro sistema mejor. Todo ello está pensado para perpetuarse en el poder, para seguir controlándolo todo. Ya es hora de que el 99% restante, los que pagamos las crisis provocadas por los ricos, nos demos cuenta de que es el sistema el que permite que el caso 4Fm, el de Alfon y el de tantos otros sindicalistas hayan seguido adelante, que es el sistema el que permite que partidos políticos se financien ilegalmente, que es el sistema el que permite que los grandes empresarios evadan miles de millones, lo que provoca recortes sociales. Esto no se soluciona poniendo a otro partido en el gobierno. Hace falta más. Sólo cuando entendamos eso, sabremos quién es nuestro enemigo.



Toni Velasco (@avelasgar)