domingo, 28 de junio de 2015

EL CASO ZAPATA: MIEDO, FALSA JUSTICIA Y CORTINAS DE HUMO



Finalmente Guillermo Zapata ha sido imputado por los chistes de humor negro que publicó hace cuatro años en su cuenta de Twitter. El juez Pedraz, tras la petición de la Fiscalía, le ha citado a declarar por un delito de humillación contra las víctimas del terrorismo el próximo 7 de julio en la Audiencia Nacional.

Irene Villa, víctima de ETA y una de las supuestas perjudicadas por los tuits del concejal de Ahora Madrid, quien además deberá comparecer como testigo en el caso, ha declarado que le parece sorprendente que la llamen a declarar por unos chistes y que “Si hubiera que imputar a todos los que cuentan chistes así habría una cola enorme”.

Últimamente estamos asistiendo a ciertas “desavenencias” con respecto a los criterios para imputar de la Fiscalía. Véanse los siguientes ejemplos:

La Fiscalía aseguró que no existían pruebas objetivas de que la Infanta Cristina participase en los presuntos delitos contra la hacienda pública de Urdangarín, a pesar de la multitud de pruebas aportadas. Además, la Fiscalía instó a los jueces a que dejasen de investigar la destrucción de los ordenadores de Bárcenas por parte del PP, acción enmarcada en la investigación de la caja B del partido. En otro caso, la Fiscalía solicitó al Tribunal Superior apartarse de la querella interpuesta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra el diputado del PP Rafael Hernando por decir en televisión que “Los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones”; esgrimiendo que carecen de legitimación para personarse como acusación ya que se trata de un asunto privado.

Por otro lado, Pablo Casado (PP) menospreciaba a las víctimas del franquismo en un mitin del partido diciendo que “No puede estar de moda ser de izquierdas, son unos carcas que están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién…”. Además el mismo Rafael Hernando ha llegado a equiparar los símbolos de la II República con los nazis. También existe en Madrid, por poner un ejemplo, una calle llamada “Calle de los Caídos de la División Azul” (unidad de voluntarios españoles que luchó junto a Hitler) y el propio gobierno la ha homenajeado públicamente (¿no es eso una humillación más flagrante hacia las víctimas del holocausto que un mísero chiste de hace cuatro años perdido en la red?). Además, han sido numerosos los afiliados del PP que han posado alegremente haciendo el saludo fascista y mostrando banderas franquistas e incluso nazis y tan solo una minoría han sido expulsados del partido. En otro caso, el alcalde de Baralla (Lugo), González Copón (PP) dijo que los condenados a muerte por Franco se lo merecían sin que haya habido consecuencias políticas para él. En ninguno de estos casos la Fiscalía ha actuado.

Es evidente que un chiste descontextualizado de humor negro (chistes que todos hemos oído en alguna ocasión, seamos sinceros) es mucho menos hiriente que los ejemplos mencionados en los dos párrafos anteriores por una simple razón: un chiste es una broma, algo que no se piensa realmente, la suma de “tragedia y tiempo” tal y como Larry Gelbart definía la comedia y que Woody Allen inmortalizó en la película Delitos y Faltas; mientras que los ejemplos citados por parte del PP no tienen nada de broma, sino que son palabras dichas y actuaciones hechas con convicción. Y es que cuando la justicia de un país no es independiente sino que está supeditada a los intereses del gobierno, es cuando afloran las dobles varas de medir (una para los defensores del gobierno y otra para los opositores), algo que es innegable que hoy sucede en nuestro país.

Es importante, además de denunciar esta injusticia, intentar averiguar la razón por la que se han enfatizado tanto unos viejos tuits de alguien totalmente desconocido hasta hace pocas semanas.

Es innegable, por un lado, que las elecciones municipales supusieron un toque de atención a los dos partidos clásicos españoles, pero especialmente al PP, ya que corre peligro de perder el poder en las próximas elecciones generales. Las candidaturas unitarias lograron arrebatar, entre muchas otras, las dos primeras ciudades españolas. Esto, sumado a los mediocres resultados obtenidos por Ciutadans, han provocado que ciertas altas esferas se empiecen a poner algo nerviosas. ¿Cuál es una de las respuestas del poder para frenar estas candidaturas? Remover cielo y tierra tratando de encontrar cualquier cosa que puedan utilizar contra los componentes de las mismas para tratar de desacreditarlas y alimentar ese discurso del miedo que tanto domina el poder y que tan bien le ha funcionado siempre (que vienen los rojos, el caos, el odio, etc) y difundirlo masivamente a través de los grandes medios de comunicación que poseen.

Por otro lado, el caso Zapata es la cortina de humo perfecta para que no se hable de otras muchas cosas: La implantación de la denominada “Ley Mordaza” a partir del 1 de julio. Ley que, en resumidas cuentas, criminaliza a los que luchan por defender los derechos de la mayoría social (por ejemplo parando desahucios o denunciando la violencia policial) y beneficia al poder económico. Por otro lado, hace pocos días, dos jueces nombrados en el CGPJ por el PP juzgarán la trama Gürtel asociada al mismo partido. Un caso sonado que ha tenido mucho menos revuelo que el caso Zapata que demuestra una vez más que el gobierno controla la justicia. También han florecido nuevos casos de corrupción, un “Tamayazo” en la Diputación de Lugo cuyo protagonista, el edil Manuel Martínez (PSOE), rompió la disciplina de voto y entregó en bandeja dicha Diputación al PP, o la decisión de Ciudadanos de frenar la comisión de investigación sobre los cursos de formación en Andalucía, entre otras cosas.

Ya se sabe que quien posee los grandes medios de comunicación controla la información y, en última instancia, tiene el poder de decidir de qué vamos a hablar los españoles a grandes rasgos a la hora de comer o en nuestro tiempo libre. De otro modo no se entiende que un caso anecdótico en cualquier otro país como unos tuits antiguos y sacados de contexto hayan tenido tanto revuelo mediático. En nuestra mano está, sin embargo, darle la importancia que quieren darle las élites económicas o la que realmente tiene.

jueves, 18 de junio de 2015

SI ALFON FUESE VENEZOLANO


De nuevo el gobierno de Maduro ha traspasado los límites de la legalidad democrática y, haciendo gala de un más que pésimo respeto por los DDHH, se dispone a encerrar a otro opositor.

La Audiencia Provincial de Caracas ha ordenado la detención y el ingreso en prisión de un conocido disidente venezolano al ratificar el Tribunal Supremo la condena de cuatro años que le fue impuesta al joven, quien según la fiscalía portaba un artefacto explosivo de fabricación casera oculto en una mochila durante una huelga/protesta contra el gobierno bolivariano de Maduro.

Por su parte, el ya condenado disidente aseguró en el juicio que él simplemente asistió a una protesta pacífica cuando la policía le detuvo sin motivo alguno. En todo momento ha negado que tanto él como sus acompañantes portasen mochila alguna, asegurando que fue la misma policía quien colocó el artefacto en la mochila y la mostró en el juicio como si fuese suya. Además, denunció amenazas de los cuerpos policiales en caso de no identificar a otros disidentes del régimen bolivariano.

El abogado del disidente comentaba hace unos meses al salir del juzgado: “Ha quedado acreditado que mi cliente es inocente porque hay unas contradicciones manifiestas, sobretodo con el tema de la cadena de custodia del supuesto artefacto explosivo: quién lo ha cogido, cómo se ha llevado a analizar… No coincide el grupo de policías que recepciona el artefacto con el que se lo remite a los especialistas en desactivación de explosivos, no coincide el número de atestado, no coinciden los instructores ni los secretarios, no coincide el número de la brigada, no coincide la descripción del supuesto artefacto en una comparecencia y en otra. Son unas contradicciones tan grandes que rompen la cadena de custodia. Incluso sin llegar a discutir que mi cliente no llevaba el objeto, que lo hemos dicho desde el principio, entendemos que debe ser una condena absolutoria. […] Se pidió un estudio holofoscópico de las huellas y curiosamente no hay ninguna huella de mi cliente (en el artefacto) pero sí que hay cuatro resultados positivos de otras huellas que no se han investigado.”

No parece descabellado pensar, visto lo sucedido, que este caso no es más que un gran montaje para criminalizar a la disidencia con el fin de minimizar las protestas opositoras mediante el miedo. Estamos hablando de una acusación por posesión de explosivos, unos explosivos que nunca aparecieron y cuya descripción ha ido variando; que supuestamente el disidente transportaba en una mochila, mochila que se ha demostrado que no tiene sus huellas; y de un juicio con numerosas contradicciones manifiestas. En resumen: se ha condenado a una persona únicamente basándose en la palabra de los agentes. Nada más. Se desconoce todavía si Felipe González ha contactado con el condenado y sus allegados para ofrecer sus servicios en cuanto a protección legal se refiere, aunque dada la gravedad de la situación no se descarta que eso ocurra.

Por si eso fuese poco, los grandes medios de masas, cuyos intereses son los mismos que los del régimen chavista, han optado por hacer dos cosas: 1) Hablar lo menos posible de este caso, minimizando la información aportada y ocultando los detalles. 2) Dar por verdadera la versión oficial y tratar como culpable al opositor. Esto ha provocado, primero que el caso no haya gozado de demasiada visibilidad, y segundo que la opinión pública se haya puesto a favor del régimen en su mayoría.

Analizado el caso creo poder decir con firmeza que la división de poderes que debe caracterizar una democracia sana no está garantizada en absoluto en este país, ya que el gobierno está utilizando al poder judicial con fines políticos, encerrando a la disidencia. Son varios los casos en los que se han destituido o jubilado a jueces críticos con el gobierno y se han sustituido por otros afines al régimen. Esto pone de manifiesto algo terrible: que la democracia no existe realmente, sino que se trata de una fachada para aquellos que no se cuestionan el sistema, pero que se torna en unas opresivas cadenas para los que no se conforman con esa fachada y luchan por una democracia plena.

Debo decir que todo lo explicado en este artículo es totalmente cierto exceptuando el nombre del país. Esto no ha sucedido en Venezuela, sino en España. Y el acusado, quien ya ha sido detenido, es un joven antifascista de Vallecas llamado Alfon.

Si Alfon fuese venezolano todo hubiese sido distinto. Los medios españoles le habrían tratado de un modo totalmente opuesto al que lo han hecho. Su indignación por su juicio ridículo y su absurda sentencia habría sido colosal. Habrían repetido hasta la saciedad que jamás se encontraron los explosivos y que en la supuesta mochila que le atribuyeron no hallaron sus huellas, habrían recalcado que se trata de un encarcelamiento por motivos políticos, etc. Pero claro, como suele ser habitual en España, los medios son expertos en ensalzar y tratar casi de héroes a los disidentes venezolanos mientras son incapaces, ya no de posicionarse a favor de aquellos que protestan contra el régimen español, sino ni siquiera explicar de manera objetiva los casos que afectan a los disidentes españoles, no vaya a ser que se le de mala propaganda al gobierno y se les acabe a todos el chollo.

#AlfonLibertad