De nuevo el gobierno de Maduro ha traspasado los límites de la legalidad democrática y, haciendo gala de un más que pésimo respeto por los DDHH, se dispone a encerrar a otro opositor.
La Audiencia Provincial de Caracas ha ordenado la detención y el ingreso en prisión de un conocido disidente venezolano al ratificar el Tribunal Supremo la condena de cuatro años que le fue impuesta al joven, quien según la fiscalía portaba un artefacto explosivo de fabricación casera oculto en una mochila durante una huelga/protesta contra el gobierno bolivariano de Maduro.
Por su parte, el ya condenado disidente aseguró en el juicio que él simplemente asistió a una protesta pacífica cuando la policía le detuvo sin motivo alguno. En todo momento ha negado que tanto él como sus acompañantes portasen mochila alguna, asegurando que fue la misma policía quien colocó el artefacto en la mochila y la mostró en el juicio como si fuese suya. Además, denunció amenazas de los cuerpos policiales en caso de no identificar a otros disidentes del régimen bolivariano.
El abogado del disidente comentaba hace unos meses al salir del juzgado: “Ha quedado acreditado que mi cliente es inocente porque hay unas contradicciones manifiestas, sobretodo con el tema de la cadena de custodia del supuesto artefacto explosivo: quién lo ha cogido, cómo se ha llevado a analizar… No coincide el grupo de policías que recepciona el artefacto con el que se lo remite a los especialistas en desactivación de explosivos, no coincide el número de atestado, no coinciden los instructores ni los secretarios, no coincide el número de la brigada, no coincide la descripción del supuesto artefacto en una comparecencia y en otra. Son unas contradicciones tan grandes que rompen la cadena de custodia. Incluso sin llegar a discutir que mi cliente no llevaba el objeto, que lo hemos dicho desde el principio, entendemos que debe ser una condena absolutoria. […] Se pidió un estudio holofoscópico de las huellas y curiosamente no hay ninguna huella de mi cliente (en el artefacto) pero sí que hay cuatro resultados positivos de otras huellas que no se han investigado.”
No parece descabellado pensar, visto lo sucedido, que este caso no es más que un gran montaje para criminalizar a la disidencia con el fin de minimizar las protestas opositoras mediante el miedo. Estamos hablando de una acusación por posesión de explosivos, unos explosivos que nunca aparecieron y cuya descripción ha ido variando; que supuestamente el disidente transportaba en una mochila, mochila que se ha demostrado que no tiene sus huellas; y de un juicio con numerosas contradicciones manifiestas. En resumen: se ha condenado a una persona únicamente basándose en la palabra de los agentes. Nada más. Se desconoce todavía si Felipe González ha contactado con el condenado y sus allegados para ofrecer sus servicios en cuanto a protección legal se refiere, aunque dada la gravedad de la situación no se descarta que eso ocurra.
Por si eso fuese poco, los grandes medios de masas, cuyos intereses son los mismos que los del régimen chavista, han optado por hacer dos cosas: 1) Hablar lo menos posible de este caso, minimizando la información aportada y ocultando los detalles. 2) Dar por verdadera la versión oficial y tratar como culpable al opositor. Esto ha provocado, primero que el caso no haya gozado de demasiada visibilidad, y segundo que la opinión pública se haya puesto a favor del régimen en su mayoría.
Analizado el caso creo poder decir con firmeza que la división de poderes que debe caracterizar una democracia sana no está garantizada en absoluto en este país, ya que el gobierno está utilizando al poder judicial con fines políticos, encerrando a la disidencia. Son varios los casos en los que se han destituido o jubilado a jueces críticos con el gobierno y se han sustituido por otros afines al régimen. Esto pone de manifiesto algo terrible: que la democracia no existe realmente, sino que se trata de una fachada para aquellos que no se cuestionan el sistema, pero que se torna en unas opresivas cadenas para los que no se conforman con esa fachada y luchan por una democracia plena.
Debo decir que todo lo explicado en este artículo es totalmente cierto exceptuando el nombre del país. Esto no ha sucedido en Venezuela, sino en España. Y el acusado, quien ya ha sido detenido, es un joven antifascista de Vallecas llamado Alfon.
Si Alfon fuese venezolano todo hubiese sido distinto. Los medios españoles le habrían tratado de un modo totalmente opuesto al que lo han hecho. Su indignación por su juicio ridículo y su absurda sentencia habría sido colosal. Habrían repetido hasta la saciedad que jamás se encontraron los explosivos y que en la supuesta mochila que le atribuyeron no hallaron sus huellas, habrían recalcado que se trata de un encarcelamiento por motivos políticos, etc. Pero claro, como suele ser habitual en España, los medios son expertos en ensalzar y tratar casi de héroes a los disidentes venezolanos mientras son incapaces, ya no de posicionarse a favor de aquellos que protestan contra el régimen español, sino ni siquiera explicar de manera objetiva los casos que afectan a los disidentes españoles, no vaya a ser que se le de mala propaganda al gobierno y se les acabe a todos el chollo.
#AlfonLibertad
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