La
sociedad catalana y española está asistiendo a una serie de
resoluciones judiciales algo inesperadas, por decirlo suavemente:
1) El archivo del caso contra Esperanza Aguirre tras lesionar a un
agente de movilidad y arrollar su moto al fugarse de estos, quienes
la habían multado por estacionar en un carril bus. El juez consideró
que
"no
está acreditada la desobediencia y las lesiones denunciadas"
y que la “solución
no puede ser otra que el sobreseimiento, pues la denuncia ha sido
rebatida por la denunciada, existiendo incluso más apoyos a su
versión que a la de los agentes de movilidad denunciantes, y dudas
serias hacia la credibilidad de estos”. En
otras palabras, la versión de los agentes de movilidad era menos
creíble que la de Aguirre, a pesar de que había un gran número de
viandantes que vieron cómo Aguirre arrollaba la moto y se fugaba.
2)
El caso 4F, relatado exhaustivamente en la película-reportaje Ciutat
Morta, estrenada en la televisión pública catalana (con 5 minutos
de censura) el pasado 17 de enero. El reportaje explicaba como, tras
el lanzamiento de un tiesto que dejó en estado vegetativo a un
policía en Barcelona, se acusó a una serie de jóvenes, varios de
los cuales fueron brutalmente torturados, vejados y encarcelados
durante años. Esto provocó, además, el suicidio de Patricia Heras,
una chica a la cual detuvieron únicamente por su estética, ya que
ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos. La única prueba
expuesta en el caso fue la versión de unos policías (los cuales
serían condenados por inventarse pruebas y torturar a otros
detenidos en otro caso), la cual queda desmontada en el reportaje. La
película pone hincapié en la complicidad de absolutamente todos los
elementos del supuesto Estado de Derecho: la juez (quien desestimó
todas las pruebas de la defensa y trató a los arrestados como
culpables desde el primer momento), la Fiscalía, la Audiencia
Provincial, la policía, altos cargos políticos, funcionarios y
muchos medios de comunicación. Todos pusieron de su parte para
culpar a esos jóvenes aún sabiendo que no fueron ellos. Necesitaban
encontrar culpables, aunque no lo fuesen, para cerrar el caso y hacer
creer a la población que el sistema funciona. Este caso recuerda a
la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, cuando la policía pierde
la pista del disidente que se niega a quemar libros como dicta la ley
y decide detener a un ciudadano corriente, echándole la culpa de
todo con un montaje policial espectacular que toda la ciudadanía ve
por televisión. Una vez atrapado el culpable, aunque se trata de un
inocente, la población cree que el sistema ha logrado resolver el
problema y sigue confiando él.
3)
El caso de Alfonso Pérez, Alfon, el joven madrileño condenado a 4
años de prisión por portar explosivos en la huelga general del 14
de noviembre de 2012. Alfon
se defendió aduciendo que ni él ni sus acompañantes portaban
ninguna bolsa y explicó que fueron los policías quienes exhibieron
una mochila en el momento de la detención. El abogado de Alfon
relataba, tras salir del juzgado: “Ha
quedado acreditado que (Alfon)
es
inocente porque hay unas contradicciones manifiestas, sobretodo
con el tema de la cadena de custodia del supuesto artefacto
explosivo: quién lo ha cogido, cómo se ha llevado a analizar...
No
coincide el grupo de policías que recepciona el artefacto con el que
se lo remite a los TEDAX
(especialistas en desactivación de explosivos),
no coincide el número de atestado, no coinciden los instructores ni
los secretarios, no coincide el número de la brigada, no coincide la
descripción del supuesto
artefacto
en una comparecencia y en otra. Son unas contradicciones tan grandes
que rompen la cadena de custodia. Incluso
sin llegar a discutir que Alfonso no llevaba el objeto, que lo hemos
dicho desde el principio, entendemos que debe ser una condena
absolutoria.
[...] Se pidió un estudio holofoscópico de las huellas y
curiosamente no hay ninguna huella de Alfonso (en el artefacto) pero
sí que hay cuatro resultados positivos de huellas pero no se han
investigado.”.
¿Se
puede condenar a alguien habiendo todas estas irregularidades? ¿De
quién son esas huellas y por qué no se investigan? ¿No será que
buscan criminalizar las protestas con este caso?
Llegados
a este punto, la relación entre estos tres casos es clara: mientras
la versión de los agentes de movilidad no es suficiente para
condenar a alguien que ostenta un poder elevado como Esperanza
Aguirre, sí se ha condenado a penas de prisión a ciudadanos
corrientes con el simple relato de la policía y con enormes
contradicciones en las pruebas como en el caso de Alfon o con
versiones de los hechos totalmente disparatadas como en el caso del
4F. Nos encontramos, pues, ante una justicia selectiva, que actúa
dependiendo de la clase social a la que pertenezca el acusado. ¿Qué
hubiese ocurrido si Alfon hubiera estacionado en un carril bus y se
hubiese fugado arrollando una moto de los agentes tras ser multado?
¿Le habrían absuelto?
Aguirre
se ha defendido diciendo que podía marcharse sin recoger los papeles
de la denuncia y que los agentes de movilidad no son policías. Sin
embargo, los agentes
de movilidad son agentes de la autoridad siempre que están de
servicio y pueden practicar detenciones. Esto
significa que Aguirre no podía abandonar
el
lugar hasta que se lo ordenasen los agentes.
Está
claro que la justicia no es igual para todos. Si perteneces al
pequeño grupúsculo que controla las empresas del Ibex35 (los cuales
evaden miles de millones de impuestos cada año) o eres parte de sus
súbditos que se dedican a legislar a su favor (como Esperanza
Aguirre, Montoro y tantos otros políticos), la justicia será
benevolente. Si por el contrario, perteneces al 99% restante de la
población, es posible que te persigan y acusen de un delito que no
has cometido sólo
para
criminalizar a los trabajadores, estudiantes, okupas, afectados por
las preferentes o hipotecas o
cualquier
otro colectivo explotado, timado y afectado por esta crisis provocada
por esos a los que la justicia perdona sus crímenes.
A todo esto debemos sumar la salida de Bárcenas de la cárcel, un hombre que acumuló una fortuna de 70 millones de euros en paraísos fiscales (supuestamente dinero de empresarios a cambio de tratos de favor, aunque en el PP se empeñan en decir que no tienen nada que ver) y que ha permanecido únicamente 18 meses en prisión. Saldrá ya que ha logrado reunir los 200.000 euros que le pedían como fianza, cifra ínfima teniendo en cuenta quién es este señor.
A todo esto debemos sumar la salida de Bárcenas de la cárcel, un hombre que acumuló una fortuna de 70 millones de euros en paraísos fiscales (supuestamente dinero de empresarios a cambio de tratos de favor, aunque en el PP se empeñan en decir que no tienen nada que ver) y que ha permanecido únicamente 18 meses en prisión. Saldrá ya que ha logrado reunir los 200.000 euros que le pedían como fianza, cifra ínfima teniendo en cuenta quién es este señor.
Está
claro, por lo tanto, quiénes quieren mantener el sistema que permite
que exista esta corrupción ingente: la clase dominante, ese 1% que
controla la economía y la política española. Dirán, por supuesto,
que van a cambiar muchas cosas para mejorar el sistema, repetirán
dogmas como que la justicia es igual para todos y dirán también que
no hay otro sistema mejor. Todo ello está pensado para perpetuarse
en el poder, para seguir controlándolo todo. Ya es hora de que el
99% restante, los que pagamos las crisis provocadas por los ricos,
nos demos cuenta de que es el sistema el que permite que el caso 4Fm, el de Alfon y el de tantos otros sindicalistas hayan seguido adelante, que es el sistema el que permite
que partidos políticos se financien ilegalmente, que es el sistema
el que permite que los grandes empresarios evadan miles de millones,
lo que provoca recortes sociales. Esto no se soluciona poniendo a
otro partido en el gobierno. Hace falta más. Sólo cuando entendamos
eso, sabremos quién es nuestro enemigo.
Toni Velasco (@avelasgar)
Toni Velasco (@avelasgar)
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